La imputación de Podemos en una causa por presunta malversación y administración desleal ha abierto un nuevo frente judicial al partido, que se suma a las pesquisas de la Audiencia Nacional sobre el caso Dina, mientras se suceden las peticiones de la oposición para que dimita el líder del partido, Pablo Iglesias. Y como no hay dos sin tres, como dice el refrán, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de responsabilidad penal en las cuentas electorales de Podemos en relación con los comicios de abril de 2019, con lo que dará cuenta a la Justicia para que abra las diligencias que considere, al no tener autoridad competente para hacerlo.

Después de un mes de julio algo revuelto en la causa donde la Audiencia Nacional investiga el supuesto robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y el periplo de su tarjeta, agosto tampoco ha sido tranquilo para la formación morada, que ha acabado ostentando la condición de «imputada» en otro procedimiento y con varios cargos investigados por presuntos delitos de malversación y administración desleal por la que el 20 de noviembre deben declarar su secretario de comunicación, Juanma del Olmo; el responsable de Finanzas, Daniel de Frutos; y la gerente, Rocío Val. 

La causa nace de la denuncia de quien fuese abogado de la formación, José Manuel Calvente, despedido en 2019 tras una querella por supuesto acoso sexual y laboral a otra letrada del partido, Marta Flor. Un caso que fue recientemente archivado. Podemos pidió a la Audiencia de Madrid que anule el proceso y, además, impugnó la declaración de su extrabajador al alegar indefensión por haber accedido solo a parte de la misma, algo que el juzgado finalmente enmendó tras una petición de Vox.

La presencia de este partido como acusación popular en la causa es uno de los aspectos reprobados por los de Pablo Iglesias, que carga contra el juez por abrir una investigación «genérica e indeterminada» que nace de una denuncia basada, a su juicio, en sospechas de quien fuese responsable de Protección de Datos del partido, que habría obtenido documentación «vulnerando» su deber de confidencialidad.

Más allá de estas quejas, el juez sigue buceando en el caso y ya ha ordenado una batería de peticiones a la formación morada: el contrato de las obras de la nueva sede de Podemos en Madrid; información de sueldos y facturas; documentación sobre los trabajos de la campaña electoral de abril de 2019 por las empresas Neurona y ABC; o las sociedades mercantiles en las que Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, figura como administrador.

Ante las menciones a la presunta caja b de Podemos surgidas a raíz de esta causa, Pablo Iglesias, también vicepresidente del Gobierno, respondió en Twitter que se intenta asemejar a su partido con «la corrupción del PP» cuando la formación morada lo que tiene es «una Caja de Solidaridad» con las donaciones de sus cargos, y aseguró que la formación está a disposición de la Justicia. «La financiación de Podemos ha sido investigada repetidamente y jamás se ha hallado un indicio de delito», subrayó.

El lío de la tarjeta

Por otro lado, la Audiencia Nacional investiga el presunto robo del teléfono de Dina Bousselham, exasesora de la formación, a finales de 2015, cuyos datos aparecieron en posesión del excomisario José Villarejo. El supuesto robo ocurrió en los meses previos a las negociaciones para formar Gobierno en 2016, por lo que se investigaba si tuvo relación con un presunto espionaje político a Podemos en el que habría intervenido el excomisario, que siempre lo ha negado.

Iglesias comenzó como perjudicado, pero el juez le retiró esta condición en mayo al apreciar contradicciones entre su versión y la segunda que dio Bousselham sobre el periplo de la tarjeta, que habría llegado de forma anónima a la redacción de la revista Interviú. Después, al retirarle la condición de perjudicado, la exasesora exculpó al líder morado de los daños en este dispositivo. En caso de que el juez apreciase indicios de delito en Iglesias, debería pedir su imputación al Tribunal Supremo, al ser aforado.

El exabogado Calvente también aparece en escena en el caso Dina después de que el juez le haya citado a declarar como testigo en septiembre, después de que asegurase ante los tribunales que el robo «era una patraña inventada por la formación para poder presentarse ante la sociedad como «víctima de las cloacas del Estado». 

Además, en paralelo a esta causa, la Fiscalía de Madrid investiga si un fiscal del caso dio información confidencial a la abogada del partido, Marta Flor, y si incurrió en un presunto delito de revelación de secretos.

Contabilidad electoral

Para rematar el mes de agosto, hace unos días se conocía que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en la contabilidad de la campaña electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, lo que le ha llevado a pedir a la Justicia ordinaria que revise este asunto. Las irregularidades detectadas, que podrían ser investigadas como dos tipos de delitos -fraude electoral y falsedad en documento mercantil-, tienen que ver con la facturación de servicios de Neurona Consulting, con la que se contrató para dicha campaña.

Curiosamente, Calvente también alertó en su declaración ante el juez de este hecho. Así, solicitó al magistrado que investigue si, como él teme -aunque no lo pueda afirmar «categóricamente»-, Podemos simuló cinco contratos con varias firmas, uno de ellos con la mercantil Neurona.