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Las elecciones de la polémica

M.R.Y. (SPC)
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Ortega busca su quinto mandato en unos comicios marcados por la persecución a la oposición y la falta de observadores internacionales

El exguerrillero sandinista lleva más de 25 años en el poder y aspira a repetir en el cargo gracias a la ausencia de un rival que le pueda hacer sombra. - Foto: Reuters

Daniel Ortega quiere celebrar su 76 cumpleaños con la garantía de que seguirá como presidente de Nicaragua. Y, con toda probabilidad, el próximo 11 de noviembre soplará las velas con la seguridad de que estará cinco años más al frente del Ejecutivo de Managua. Cuatro días antes, el país celebrará unas controvertidas elecciones en la que el exguerrillero sandinista busca su quinto mandato -cuarto consecutivo-. Y lo hará con bastante tranquilidad: más de una treintena de opositores -siete de ellos aspirantes a candidatos en estos comicios- han sido encarcelados o puestos bajo arresto domiciliario acusados de «traición a la patria», lo que allana el camino del dirigente a conseguir el triunfo.

Pero la polémica va más allá, porque el régimen de Ortega decidió cancelar la campaña electoral poniendo como excusa la pandemia y, además, ha impedido la presencia de observadores internacionales que puedan verificar que las elecciones se celebran conforme a la ley y sin irregularidades.

Estas serán las primeras elecciones generales que se celebren en el país después de la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas sociales que derivó en masivas protestas para exigir la renuncia de Ortega por la violenta represión contra los manifestantes por parte de la Policía y el Ejército. Aquellas movilizaciones, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, se cobraron más de 300 muertos y dejaron un clima de tensión del que la nación aún no se ha recuperado.

Aquellas fueron las primeras manifestaciones contra este exguerrillero, que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990 -más de 25 años al frente de la nación como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-. Y eso, a pesar de las irregularidades cometidas por el mandatario en anteriores ocasiones, como cuando en los comicios de 2011, pese a que la Constitución lo prohibía, se presentó como candidato a la Presidencia gracias a una maniobra jurídica con la que se saltó la norma judicial que se interponía entre él y su objetivo de mantenerse en el poder. Cinco años después, en 2016, fue reelegido en unos comicios en los que la principal coalición opositora decidió no participar tras ser perjudicada por una serie de fallos judiciales que la dejó sin su principal partido, mientras que el Poder Electoral y el Parlamento -controlado por partidarios del FSLN- destituyeron a la mayoría de los diputados.

 

Golpe de estado

En esta ocasión, la detención de grandes figuras de la oposición será lo que allane su camino a la reelección. Ortega se enfrentará a otros cinco candidatos sin apenas peso, gracias a que entre los detenidos se encuentran figuras como Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro -quien en 1990 derrotó al ahora presidente en las urnas- y principal política llamada a aunar a los detractores del sandinista.

A pesar de que muchos ven en estas detenciones una maniobra política, Ortega la justifica -y la Justicia le ha avalado- en la «traición a la patria», alegando que esos políticos están arrestados por «terroristas» y por estar «al servicio de EEUU», lo que significa, a su juicio, que estarían detrás de un intento de golpe de Estado auspiciado por la Casa Blanca.

Las relaciones con Estados Unidos son pésimas. Managua acusa a Washington de buscar excusas para ocuparla, mientras desde la nación norteamericana se suceden las multas económicas contra el Gobierno centroamericano.

En la Unión Europea, las sanciones comenzaron en 2019, tras la brutal respuesta gubernamental a las protestas del año anterior. Prorrogadas hasta 2022, están dirigidas a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, entre ellas la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Y desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusan al Gobierno de «crímenes de lesa humanidad» y de haber impuesto un «Estado policial» en Nicaragua.

Esas son algunas de las razones por las que no existirán observadores internacionales en los comicios, que solo se verán acompañados por un grupo de personas adeptas al régimen sandinista. «No podemos esperar que este proceso arroje un resultado legítimo que podamos considerar, sino todo lo contrario», señaló el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que calificó las elecciones en Nicaragua como «completamente un fake», dando por hecho que Ortega celebrará su cumpleaños el jueves con la reelección como regalo adelantado.