La  COVID-19 está condicionando el año 2020 en materia laboral en cuanto al aumento del desempleo y el número de trabajadores que han sido incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la fórmula a la que están recurriendo las empresas para tratar de mitigar la crisis impuesta por las restricciones o la caída de la demanda. En este contexto, labor inspectora ha continuado para evitar el mantenimiento o la proliferación de fraudes relacionados con la Seguridad Social, la seguridad y la salud, las relaciones laborales y la situación de los extranjeros, pero también en relación a los ERTE. Según los datos facilitados desde la Delegación del Gobierno, la Inspección de Trabajo en Ávila afloró entre los meses de enero y septiembre 224 empleos que se encontraban en situación irregular, 160 de hombres y 64 de mujeres, fruto de las 134 inspecciones acometidas. Además, se materializaron casi medio centenar de aumentos de jornada en contratos de tiempo parcial que no se ajustaban a lo pactado, la mayoría de hombres, y se transformaron cerca de 200 contratos temporales en indefinidos, en este caso con mayoría de mujeres afectadas. 

En total, en los nueve primeros meses del año se detectaron 109 infracciones, la mayoría las relacionadas con la Seguridad Social (67) pero también con la seguridad y salud (17) o las relaciones laborales (16), entre otras. En materia de extranjería, sin embargo, no se apreciaron irregularidades en el citado periodo, según las mismas fuentes. En total se llevaron a cabo más de 2.500 actuaciones, lo que deja el porcentaje de infracciones sobre la actividad en poco más del 4%.