El Consejo de Cuentas de Castilla y León constató que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha incumplido lo dispuesto en las bases reguladoras referido a la cuantía de la subvención de las líneas de transporte regular para viajeros por carretera. En este sentido su informe apunta que no se acredita el correcto cálculo de los costes de prestación del servicio.

Además, la institución advierte que las concesiones vigentes en la Comunidad acumulan una duración superior a treinta años, por lo que lo difiere de la necesaria adaptación del sector a la normativa europea. Y es que la UE persigue la liberalización del mercado de transporte mediante el establecimiento de la competencia en la adjudicación de los contratos y, por tanto, la duración limitada de las concesiones a un plazo de diez años.

La fiscalización de las subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera busca evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la concesión de subvenciones, así como analizar el déficit de la explotación.

La subvención fiscalizada corresponde a 2017 y la Consejería adjudicó 12,9 millones a un total 241 beneficiarios titulares de servicio de transporte, según informa Ical.

Incumplimientos.

En cuanto al análisis de la subvención, el Consejo de Cuentas subraya el incumplimiento de la Ley General de Subvenciones por la incorrecta delimitación del beneficiario en las bases reguladoras. No en vano, el informe recordó que 77 titulares de autorizaciones administrativas especiales cuya vigencia ha finalizado, pero que continúan prestando el servicio. Además, precisó que la orden de la convocatoria no los contempla como posibles beneficiarios, porque está dirigida a los titulares de contratos de concesión de servicios de transporte.

De ahí una de las recomendaciones de la institución al pedir a la Dirección General de Transportes que regularice la situación de los titulares de las desaparecidas autorizaciones administrativas especiales, mediante la tramitación de un contrato de concesión de servicios.

En ese sentido, Cuentas expuso que los criterios de valoración de las solicitudes no son válidos en un procedimiento de concesión directa que se resuelve en función del orden de entrada de las solicitudes. «Las bases reguladoras establecen criterios de concesión cuando el procedimiento no es el ordinario de concurrencia competitiva», apuntó.

La institución propia advirtió que la Consejería de Fomento, incumpliendo lo dispuesto en la orden de 2009 sobre las bases reguladoras para la concesión de esta subvención, financia un déficit de la explotación que no se corresponde con el real de los servicios de transporte financiados. Es decir, no se acredita que la cuantía subvencionada restablezca el equilibrio económico del contrato de gestión. El cálculo efectuado por el órgano gestor responde a un reparto de los fondos disponibles según parámetros de coste más o menos homogéneos.

En concreto, denunció que en el 53 por el ciento de los casos, se financian cuantías inferiores a las solicitadas. «El diferimiento en el pago de estas ayudas obliga a los beneficiarios a asumir los costes financieros derivados de los servicios deficitarios, que no son abonados por la administración hasta transcurridos dos años», recoge el informe.

Otra recomendación es que las convocatorias de subvenciones futuras para financiar el déficit de la explotación deben modificar la base que regula la determinación de la cuantía individual de la subvención de manera que refleje la estructura real de costes e ingresos.