El reloj marcaba las 14,15 horas del pasado lunes cuando el magistrado Juan Antonio Calle, presidente del tribunal, dio por cerrado el juicio de la llamada pieza política del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. Visto para sentencia. Un fallo que llegará en seis o siete meses, «no antes de verano», y que podría acabar con una exministra, Magdalena Álvarez, dos expresidentes autonómicos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y 18 altos ex cargos del Gobierno regional inhabilitados, encarcelados o libres sin cargos. 

Ocurra lo que ocurra será una sentencia histórica, como ya lo es el proceso en sí mismo. No hay que olvidar que si los distintos dictámenes de las causas así lo demuestran, el montante del fraude podría alcanzar los 680 millones de euros (el PP que ejerce la acusación particular lo eleva por encima de los 1.000), lo que convertiría a los ERE en uno de los mayores casos de corrupción política de la democracia española. A día de hoy, el proceso juzgado que más dinero ha defraudado es Malaya (el que nació en el Ayuntamiento de Marbella) con 2.800 millones defraudados a las arcas públicas por parte de la red liderada por el que fuera concejal de Urbanismo del municipio malagueño Juan Antonio Roca.

Con ese «visto para sentencia» se bajó el telón, a falta de fallo, a un proceso en el que se ha intentado evaluar la presunta responsabilidad de 21 ex altos cargos de la Junta en la creación de un «procedimiento específico» para eludir los controles de fiscalización en la concesión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2011. 

En su escrito de conclusiones, la Fiscalía considera que durante esos 11 años, el Gobierno regional utilizó un sistema «totalmente opaco» para repartir las subvenciones correspondientes a expedientes de regulación de empleo en distintas empresas de la comunidad. Así, señala que desde los despachos, por las «ansias de rapidez y agilidad», se eliminaron «todos los mecanismos de control establecido». En este sentido, remarca que 680 millones de euros «no debieron salir nunca de las arcas públicas», por lo que se generó un «evidente» riesgo de menoscabo de fondos. Apunta también a un «enriquecimiento» de ciertas compañías y personas mediante un sistema «injusto y arbitrario» que tenía en la cúspide a los ocupantes de varios despachos de las consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación.