El Gobierno de España se marca como “reto” elevar la inversión pública en materia de vivienda, junto con los cambios normativos, después de que en los últimos años y, en general en todos los territorios, se han reducido las aportaciones de las administraciones.
Así lo aseguró hoy en Valladolid la secretaria general de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Helena Beunza, que participó en la jornada Propuestas para la reforma de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de Castilla y León, que inauguró el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
En ese sentido, Beunza recalcó que las medidas para limitar el aumento de los precios del alquiler de viviendas, especialmente en las grandes viviendas, figura en el pacto del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Por ello, señaló que el Ministerio analizará el resto de medidas a tomar, incluidas la primera Ley Estatal en materia de vivienda, para lo que se fijarán en lo hecho por las comunidades autónomas.
No obstante, la responsable de Vivienda del Gobierno destacó que no existe una “solución mágica” a los problemas, sino que se debe poner en marcha un “compendio”, que además debe ir acompañada de presupuesto. Las palabras de Helena Beunza se producen después de que el Tribunal Constitucional anulara una parte, tras el recurso del PP, del decreto del Gobierno, que preveía movilizar suelo público para promover vivienda en alquiler social.
Finalmente, Beunza dijo que se ha ejecutado un 100 por 100 del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en sus dos primeras anualidades. En conjunto, durante sus cuatro años de vigencia, destinará 101,9 millones de euros, 24 de ellos aportados por la Junta de Castilla y León.
De esta forma, las ayudas al alquiler de vivienda recibirán 29,56 millones de euros; alquiler y compra de vivienda por jóvenes, 29,56 millones; regeneración y renovación urbana y rural, 18,34 millones; mejora energética y sostenibilidad en viviendas, 7,55 millones; conservación, seguridad y accesibilidad en viviendas, 10,79 millones; ayudas a personas en situación de desahucio, 2,04 millones; viviendas de personas mayores y con discapacidad, 2,04 millones; y fomento del parque de vivienda en alquiler, otros 2,04 millones.