Un estudio de Funcas apunta a que el gasto social en Castilla y León crecerá un 1,3 por ciento de media anual entre 2018 y 2030, el segundo menor porcentaje en España, solo por delante de Extremadura (1,2 por ciento), y muy alejado de la media para el conjunto de las autonomías del 2,1 por ciento, con Baleares y Madrid a la cabeza, con crecimiento del 2,8 y 2,7 por ciento, respectivamente. El escenario viene condicinado por la evolución demográfica, y también tiene en cuenta factores de gasto adicional como la tecnología sanitaria, la adecuación del nivel de gasto per cápita educativo al referente europeo y una implantación más amplia del sistema de dependencia. 

Si solo se tienen en cuenta el factor demográfico, el informe pone de relieve que el peso sobre el PIB real del gasto social bajará en Casilla y León del 10,6 por ciento en 2018 al 9,1 por ciento en 2030. El estudio sitúa a Castilla y León sin ningún incremento del gasto social sobre el factor población, junto a Extremadura, cuando en el conjunto de las autonomías se elevaría un 0,8 por ciento, con Baleares, Canarias y Madrid a la cabeza de la subida, con incrementos revistos del 1,7, 1,5 y 1,4 por ciento. Esto permitiría a Castilla y León cumplir con la regla de gasto presupuestaria durante toda la proyección, frente a las autonomías con mayor presión demográfica.

El documento, recogido por Ical, precisa que el gasto sanitario pasara de suponer el6,6 por ciento del PIB en 2017, al seis por ciento en un escenario que tenga en cuenta las nuevas tecnologías, y el 5,4 por ciento si solo se atiende a la evolución demográfica, lo que aporta a la Comunidad, un “margen de holgura” para poder afrontar estas prestaciones. Las medias para España se situarían en el 5,6 en 20917, en un 5,9 con el escenario más real, y en el 5,3 solo atendiendo a la población.

En datos absolutos, el gasto estimado en Sanidad, pasaría de los 3.687,3 millones en 2017 a los 3.821,7, es decir, una subida del 3,6 por ciento; mientras en España, de los 63.493,8 pasaría de los 77.006,6, con un alza del 21,2 por ciento.

El gasto en educación en un escenario de convergencia con los valores de la UE, sitúa el desembolso será de 3,3 puntos del PIB en 2030, por debajo de sus niveles actuales, condicionado también por el factor demográfico.

En cuanto al gasto en dependencia, sitúa tres tipos de escenarios, en función de distintas estimaciones de reconocidos y expectativas de aumento de las cotingencias, con base 100 en 2018. El primero establece un crecmiento neto del 23,6 puntos hasta 2030, muy por debajo de los 52,9 de España. El segundo estima hasta 31,2 punto de subida frente a 60,5 nacionales y el tercero de 42,7 en Castilla y León y de 74,5 en el conjunto autonómico.

Datos globales

Los datos para el conjunto autonómico indican que en el escenario base prepandemia, las necesidades de gasto social autonómico que se infieren exclusivamente de la evolución demográfica alcanzarían los 14.371 millones de euros hasta 2030, con un incremento medio anual del 0,8 por ciento. La mayor parte de ese aumento (94 por ciento) se explica por el componente sanitario y se concentra en aquellas comunidades donde los tramos de edad superior a 65 años crecerán más en términos absolutos (Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana). El incremento restante corresponde a la evolución de los gastos en dependencia. En contraste, por razones demográficas el gasto en educación podría generar incluso un ahorro de no mediar otros factores que lo impulsen al alza.

Es decir, la presión demográfica por sí sola no pondría en riesgo la sostenibilidad del gasto social autonómico atendiendo a la regla fiscal vigente ("regla de gasto"), excepto en los primeros años del periodo analizado, hasta 2022. Son las CCAA mencionadas las que tendrían mayor dificultad para el cumplimiento de dicha regla fiscal.

En un escenario complementario, teniendo en cuenta otros factores de crecimiento del gasto adicional al demográfico como la tecnología sanitaria o la adecuación del nivel de gasto per cápita educativo al referente europeo, las necesidades de gasto se duplican hasta los 35.837 millones, casi dos veces y media el previsto si se considera solo el factor demográfico. En este caso, el 62 por ciento del incremento de gasto se explica por sanidad, el 15 por ciento por "otros servicios sociales", seguido de educación (12 por ciento) y dependencia (10 por ciento). El incremento medio anual previsto del gasto es del 2,1 por ciento para el conjunto autonómico que se agudiza en las comunidades con más crecimiento del número de mayores, como Baleares, Madrid, y Canarias. En este escenario, más realista, las previsiones de evolución del gasto social podrían quebrar con mayor claridad la regla de gasto en términos agregados. 

El estudio incorpora un escenario postpandemia, que recoge el aumento previsible de la presión política y social para elevar la calidad y la dimensión de los servicios públicos fundamentales. En el caso del gasto sanitario autonómico, el refuerzo estimado supone un 7,4 por ciento de mayor gasto real que en el escenario prepandemia, es decir, unos 5.125 millones en términos reales. El gasto sobre PIB real aumenta de manera muy significativa y se mantendría cerca del 7,1 por ciento hasta 2030, lo que supone 1,2 puntos más respecto al nivel que hubiera alcanzado en el escenario prepandemia. La subida del gasto sanitario en términos de PIB resituaría a España en el contexto internacional en términos relativos.

En cuanto al gasto educativo, el aumento de 2.000 millones de euros derivado del fondo Covid supone un salto de nivel que cubre la mitad del asumido en un entorno previo a la pandemia. Esta previsible consolidación del gasto educativo excepcional de 2020 se explica no solo por las medidas de seguridad sanitaria, sino también por nuevas necesidades derivadas del confinamiento para ir adaptando el sistema educativo, como inversiones en digitalización de la educación y adecuación de infraestructuras o gasto corriente dirigido a mantener la contratación de los nuevos profesores o formación permanente de los docentes. 

En dependencia y otros servicios sociales, no hay datos ni avances firmes hasta ahora para suponer incrementos adicionales de gasto. La diferencia entre los escenarios pre y post pandemia en dependencia es un incremento extra de unos 1.800 millones en 2020, hasta los 2.638 millones diez años después. 

Desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal, es previsible que la suspensión temporal de las reglas fiscales europeas se prorrogue más tiempo del esperado. En la medida en que se reactiven dichas reglas (déficit, deuda y regla de gasto) -en 2022 se espera un punto de inflexión, con un ajuste de los recursos de financiación con consecuencias sobre el déficit-, será necesario establecer una hoja de ruta interna (por subsectores) factible para recuperar la disciplina fiscal y garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, en particular déficit y deuda.