Los populares abulenses pedirán al Gobierno que declare «de emergencia» las obras del proyecto para la captación de agua desde el embalse de las Cogotas. Así lo anunció este viernes la diputada del Partido Popular por Ávila, Alicia García, en una rueda de prensa en la que insistió en la «especial importancia de estas obras para la capital abulense» y en la que denunció, además, la «parálisis» de este proyecto que atribuyó, entre otras cuestiones, al hecho de que casi tres meses después de la cita electoral aún no se haya constituido el Gobierno lo que impide, dijo, «que la oposición se interese por aquellos temas que afectan a los abulenses» a través de las correspondientes comisiones de control. Por ese motivo los populares registraron el pasado 9 de julio en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita para conocer el estado de este proyecto que esta semana daba un vuelco a los plazos inicialmente previstos, al alargarse el fin de obras hasta 2023 por la necesidad de tener que contar con licencia ambiental. Una exigencia que ha «sorprendido» a los populares teniendo en cuenta, apuntó García, que el convenio firmado el pasado 1 de marzo por el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Ávila recogía expresamente que este proyecto, declarado en su día de interés general, no contemplaba como necesario el informe de impacto medioambiental pese a desarrollarse en una zona incluida dentro de la Red Natura 2000.
«El Ministerio de Transición Ecológica se ha pronunciado en ese convenio firmado por las tres administraciones (asegurando) que no existe necesidad de someter ese proyecto a trámite ambiental», recordó García al hablar de los términos de este convenio a tres bandas.
Tras el giro que esta semana ha dado el proyecto, y que implica aumentar los plazos dos años, los populares se preguntan «qué ha cambiado a partir del 17 de julio si la normativa es la misma». «Nos parece una tomadura de pelo y una falta de compromiso por parte del Gobierno de España», lamentó la diputada del PP que insistió en que la obra debe ser «declarada de emergencia» y en que se tienen que «acortar plazos para que en el verano del 2021 esta infraestructura esté funcionando».
«Vamos a ser muy exigentes y muy beligerantes ante el bloqueo que afecta a este proyecto», aseguró García, que demanda además explicaciones «técnicas o políticas» que argumenten por qué el 1 de marzo el proyecto no necesitaba de declaración de impacto medioambiental y ahora sí.
«La sorpresa ha sido mayúscula al saber que las obras se retrasarán hasta 2023», afirmó la diputada popular abulense antes de afirmar que esto demuestra que «la intención del Gobierno de España es dilatar la finalización y puesta en marcha de este proyecto dos años».
Además de interesarse por los pasos dados en este proyecto, también preguntaban los populares en esa pregunta escrita presentada en la Cámara Baja por la comisión de seguimiento que contempla el propio convenio. «Nuestra sorpresa es que no se había creado y que se reunió por primera vez el 17 de julio, cuatro meses y medio después de la firma del convenio», apuntó García.