La formación Ávila Libre de Peajes se da de plazo hasta mediados del mes de enero para reunir a sus miembros y decidir acudir a la Comisión Europea para pedir que intervenga sobre la falta de pronunciamiento delGobierno de España sobre el fin del peaje de las autopistas que afectan a la provincia de Ávila, la AP-6 y la AP-51, algo que tenía que haber llegado en el pasado mes de noviembre. Según el Real Decreto de 2012 elaborado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la adjudicación de la autopista, en noviembre de este año debía fijarse el fin de la concesión de la infraestructura en una horquilla que va desde el año 2024 al año 2029, así como determinar la indemnización a Iberpistas por la reducción de la concesión en siete años y decidir sobre la nueva licitación por esos siete años.

«Ese pronunciamiento no se ha hecho, al menos que nosotros sepamos, y lo único que sabemos es la clavada que nos viene el año que viene, el doble que para el resto de autopistas», criticó el presidente del partido, Ángel Zancajo, quien lamentó que aunque se han dirigido a la Subdelegación y al Ministerio de Fomento y hayan pedido una reunión con el secretado de estado de Infraestructuras, no tienen noticias. «No queremos que se sancione al Estado español, pero al final quien paga siempre es el ciudadano», indicó Zancajo, quien añadió que no cree que el hecho de que el Gobierno esté en funciones sea excusa para no haber tomado todavía esa decisión ya