Izquierda Unida presentó una denuncia ante la Fiscalía apara que se investigue el posible incumplimiento del convenio entre la Diputación y la Universidad Católica de Ávila. Lo que piden es la incoación de diligencias informativas para la averiguación de los hechos «y determinación de las personas criminalmente responsables de los hechos denunciados» que, según ellos, podrían ser un delito contra la Administración Pública y un delito de fraude perpetrado por funcionario y delitos de administración desleal, siempre según su escrito presentado.

En cuanto a los hechos, recuerdan que la Fundación Cultural Santa Teresa, dependiente de la Diputación, firmó un convenio con la Universidad Católica de Ávila para la cesión del uso de un inmueble con una superficie de más de 132.000 euros. En este convenio se establece, señalan, que la universidad tendría repercutidos el importe de cuantos gastos, impuestos y demás tributos graven la propiedad del inmueble o se impongan en razón de la titularidad del mismo. Sin embargo, añaden que la universidad «no ha abonado cantidad alguna de los impuestos ni tasas», que se están abonando con dinero público perteneciente a la Diputación. Esto podría suponer, según su cálculo, un importe de casi 1,8 millones de euros.

Fue por ello que presentaron el escrito ante la Fiscalía, lo que se hizo a través del miembro de IU y ex portavoz en Diputación, Santiago Jiménez; el coordinador provincial de IU, José Jiménez, y el diputado de Unidas Podemos-Izquierda Unida y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

El propio Santiago indicó ante los medios de comunicación de posibles delitos de prevaricación, fraude o omisión de perseguir delitos y se refirió a que la Diputación «conoce estos hechos al menos desde 2017» cuando fueron planteados por IU pero sin que se haya intervenido.

Insistió Enrique Santiago en que se está causando un «serio perjuicio económico a una administración pública», en este caso la Diputación, que «el único compromiso que asumía» era pagar los gastos, con los impuestos y las tasas.

Lo que no se hace en la denuncia es indicar a los responsables, puesto que no se conoce el organigrama de la institución provincial, sino que se hace de forma general, asumiendo también que es posible que en algún caso haya habido prescripciones aunque «en todo caso lo del año pasado no ha prescrito».

La alternativa que ven, según actúe la Fiscalía, es «presentar directamente la denuncia penal o querella ante los tribunales de justicia».

Por su parte, Santiago Jiménez aseguró que la Diputación tiene «una garrapata en la yugular» de las cuentas porque se está «robando dinero a los municipios».