El Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca ha materializado la reapertura de la causa sobre las primarias del PP y ha iniciado diligencias con el objeto de investigar si existen “indicios racionales” de posible un delito de financiación ilegal del Partido Popular, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En el mismo auto, el tribunal declara “firme” el archivo de las actuaciones respecto a los delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación o suplantación de personalidad, y otros posibles ilícitos en el proceso electoral de elecciones primarias del Partido Popular en marzo de 2017.

El juzgado salmantino requiere a la formación, en un plazo de 30 días, dos listados diferenciados. Por un lado, uno con el nombre, apellidos de cargo electo que ha efectuado donaciones objeto de la causa y su justificación documental con un recibo o extracto bancario. Y por otro, la “identificación anonimizada” de los militantes cuyas cuotas han sido sufragadas por las donaciones de esta causa. Asimismo ordena el cotejo de ambos documentos.

El titular del juzgado también llama a declarar en calidad de testigos a A.G.V., el próximo día 30 de julio, a las 10 horas; y C.G.B.C., al día siguiente, en el marco de las diligencias.

La apertura de la causa ceñida únicamente a la posible financiación ilegal de los populares responde a la decisión de la Audiencia Provincial de Salamanca de aceptar parcialmente el recurso de Foro de Izquierda Los Verdes contra el archivo de la misma del juzgado de instrucción número 2 de Salamanca. En su resolución, la Audiencia daba por bueno el sobreseimiento del resto de delitos que pedía la acusación particular y pedía nuevas investigaciones para comprobar si se había producido un delito de financiación ilegal o simplemente se trataba de un pago de deuda ajena. Asimismo, señalaba las diligencias que habrían de practicarse, algo que ahora materializa el juez. El tribunal, que no apuntaba a ninguna persona concreta como la autora del posible ilícito, advirtió también que “debe evitarse llevar a cabo una investigación prospectiva encaminada a la indagación genérica sobre la posible comisión por los denunciados de cualquier ilícito penal”. 

La investigación de este caso se remonta al 5 de junio de 2019, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca decidió incoar diligencias previas para investigar un posible delito de coacciones, financiación ilegal y falsedad documental en el proceso de primarias del PPCyL tras la recepción de una denuncia anónima.

Sin embargo, apenas un mes después, el mismo Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca decretó el sobreseimiento y archivo de la causa al considerar que los hechos “carecían de tipicidad penal”, desestimando además el recurso de apelación de Foro de Izquierda – Los Verdes, quienes recurrieron a la Audiencia de Salamanca.