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El Colegio de Ingenieros auditará el consumo energético municipal

Isabel Camarero
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Este sábado 1 de junio entra en vigor el decreto que obliga a todos los edificios que se vayan a alquilar o vender a tener una certificación energética y el Ayuntamiento «quiere dar ejemplo» en su cumplimiento

Jornada del Consejo Local de la Sostenibilidad. - Foto: Antonio Bartolomé

El Consejo Local de la Sostenibilidad se reunió el miércoles en el Centro Medioambiental San Nicolás para dar a conocer los pormenores del Decreto 235 de 5 de abril por el que se obliga a los inmuebles de nueva edificación y a los ya existentes a contar con una certificación de eficiencia energética en el caso de que se vayan a alquilar o vender. Algo que deberá empezar a llevarse a la práctica a partir del 1 de junio.

Se trata de una orden estatal en la que, si bien es cierto que  la administración local no tiene que velar por su cumplimiento lo que sí  quiere hacer el Ayuntamiento de Ávila es dar ejemplo a otras administraciones y también al ciudadano empezando a cumplir ellos con lo ordenado en el decreto, ya que sus edificios también deben pasar el trámite. Así el teniente de alcalde de Servicio a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alberto Plaza, anunció un convenio con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Ávila para que sus colegiados auditen los edificios municipales para conseguir esa certificación.

Se trata de un pacto que se oficializará en junta de gobierno pero que ya ha comenzado su andadura con la auditoría precisamente del edicicio de la Oficina Técnica municipal de cuyos resultados se informó durante la jornada realizada ayer. Una certificación que también va acompañada de una serie de medidas encaminadas a la eficiencia energética y que por ejemplo en el caso de esta primera auditoría concluyeron que con un cambio de luminarias se ahorraría a largo plazo un 50% del consumo disponiendo de la misma o incluso mejor iluminación, manifestaba desde el colegio de ingenieros abulense, Fernando Martín.

Precisamente Martín se ponía a disposición de administraciones, particulares y comunidades de vecinos -junto al resto de los más de 200 colegiados abulenses- para realizar esas inspecciones de cara a lograr las certificaciones energéticas de las que dijo «no son una tasa» y además defendió que proporcionan una información muy útil a aquellas personas que estén pensando en comprar o en alquilar una casa sobre el gasto energético que les supondría y las medidas que podrían llevar a cabo para reducirlo.