Los Gobiernos de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer formalmente las recomendaciones económicas específicas por país de 2020 y en ellas pidieron a España que adopte incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de trabajadores y que refuerce la protección de auxilio por desempleo, en particular la de los trabajadores «atípicos».

Son algunas de las sugerencias incluidas en las recomendaciones específicas para España de este año, que han sido adoptadas por los Estados miembros sin incluir ninguna modificación con respecto al documento que presentó la Comisión Europea en mayo.

Su luz verde tuvo lugar en plenas negociaciones de los líderes europeos sobre el fondo de recuperación y, precisamente, el desembolso de sus ayudas estará ligado al cumplimiento de estas exigencias.

Como aspecto más inmediato, la UE creen que España debería «reforzar la capacidad y la resiliencia de su sistema sanitario.

En el plano laboral, los Veintisiete pidieron al Ejecutivo que respalde el empleo «mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo e incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las capacidades». También sugirieron que se refuerce la protección por desempleo, en particular para los trabajadores «atípicos».

Del mismo modo, abogó por que mejore la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital.

Al estar suspendidas las reglas presupuestarias europeas por la pandemia, en el ámbito fiscal los gobiernos europeos instaron a España a aumentar el gasto público, adoptar «todas las medidas que precise para luchar contra la COVID-19, superar la crisis eficazmente y respaldar la recuperación».

Sin embargo, insisten que sea «cuando las condiciones económicas lo permitan», e indican, además, que España «debería garantizar la sostenibilidad de la deuda».

En la misma línea, recomiendan aplicar de manera efectiva las medidas acordadas para dar liquidez a pymes y trabajadores autónomos, adelantar las inversiones públicas e impulsar la inversión privada.

Asimismo, animaron a centrar la inversión pública en las transiciones ecológica y digital, en particular en el fomento de la investigación e innovación, la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible.

Por último, llamaron a mejorar la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y reforzar el marco de contratación pública en beneficio del crecimiento nacional.