Desde el Ayuntamiento de Ávila se considera que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha juzgado más «la oportunidad que la legalidad» a la hora de dictar la sentencia por la que ha anulado la sexta modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contemplaba una ampliación de suelo urbanizable en el entorno de Naturávila.

El teniente de alcalde de Servicios a la Ciudad, Alberto Plaza, fue el encargado de explicar la reacción municipal a esta resolución judicial que paraliza un proyecto que contemplaba también la creación de una zona comercial. En su comparecencia ante los medios, Plaza  mostró «desde el respeto y la humildad, pero también con la fuerza política que debe tener una administración local como es el Ayuntamiento,  nuestro desacuerdo en la forma en la que se dictamina por parte del TSJla anulación de una orden de la Junta».

Plaza explicó la postura del Consistorio abulense asegurando que «somos contrarios a las opiniones vertidas en una sentencia que afectan más a la oportunidad que a la legalidad». «De oportunidad», argumentó, «porque nos habla de la innecesariedad de la construcción de más viviendas en Ávila, pero no hace hincapié ni se fija en que gran parte de ese desarrollo urbanístico hacia Naturávila estaba diseñado de la mano de una posibilidad comercial, real, no a corto plazo, sino a medio o largo plazo para la propia ciudad de Ávila».

Según el teniente de alcalde encargado del área de urbanismo de la capital, el TSJ se ha quedado en «la parte superficial de si es necesario o no un mayor desarrollo urbanístico de nuestra ciudad sin querer entrar otras cuestiones y otro aspecto fundamental en el planeamiento urbanístico, que es que se trata de eso, de una posibilidad. No quiere decir que las viviendas se vayan a hacer ni mañana, ni pasado, ni al año que viene. Eso lo va a determinar el propio mercado».

Por eso, incidió, «entrar por parte del poder judicial en aspectos que tienen que ver con la autonomía local y con la gestión municipal nos parece un aspecto que no concuerda con nuestro Estado de Derecho».