El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier izquierdo, acudió este martes a Ávila para, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Ávila Arturo Barral, recibir a los representantes de las organizaciones agrarias de nuestra provincia, UCCL, Asaja, UPA y COAG y escucharles al respecto de sus demandas con motivo del incendio de Navalacruz y las pérdidas que éste ha provocado al sector que, desde luego, son cuantiosas. Se trataba de aclarar ideas y plazos para que las ayudas lleguen cuanto antes y más después de que se haya declarado el ámbito del incendio como «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil» -lo que antes se conocía como zona catastrófica-. A este respecto Izquierdo quiso poner de manifiesto que el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue claro y que se desplazó a Ávila a anunciar esa declaración de zona catastrófica hace ya casi un mes. En este sentido quiso recordar también que las ayudas que esta declaración conllevan de algún modo son similares a las que trajo la borrasca Filomena. Entonces y hablando de plazos recordaba que el real decreto para materializarlas tardó alrededor de un mes y que las ayudas comenzaron a pagarse en torno a seis siete meses después. En este sentido todo parece indicar que los resultados comenzarán a notarse en lo económico en torno al inicio del segundo trimestre del año 2022 (haciendo cuentas). En cualquier caso no dio tanta importancia a los plazos dado que esas ayudas pueden llegar y además así lo solicitaron los representantes de las organizaciones agrarias en forma de condonaciones de cuotas a la Seguridad Social, exenciones de IBI, ayudas en infraestructuras y un largo etcétera. Recordó también el delegado que ya hay inversiones hechas, como la dotación de 45.000 euros de la CHD para tratar de evitar la contaminación de acuíferos por cenizas con las últimas lluvias. En cualquier caso hay que esperar a que se dicte la norma de rango legal, emplazaba. «Cuando tengamos el texto podremos ver las ayudas detalladamente», pero el compromiso es un hecho por parte del presidente del Gobierno y así lo manifestó en su visita a la zona.

De la reunión salieron los representantes de las organizaciones con cierto buen sabor de boca en el sentido de que habían sido escuchados, a este respecto el mas crítico fue Joaquín Antonio Pino que entendía que «si bien la reunión ha sido cordial y ha ido bien» esta cita «llega muy tarde» y más cuando ya se habían reunido en reiteradas ocasiones con la Diputación (3) y en dos con la Junta de Castilla y León. En cualquier caso Pino aseguró que lo que le habían trasladado al delegado es que quieren las medidas «tangentes y tangibles ya».  Pedían condonación de Seguridad Social, fiscalidad cero para el próximo año y reducción a cero del IBI, además de medidas por parte de la CHD pero también de los ministerios de TransiciónEcológica y del de Agricultura. Para Pino era fundamental un Plan Integral en la zona para restablecer la situación y que se utilice para ello los fondos de recuperación con implicación al más alto nivel.

Hablando de otras administraciones, el representante de UCCL, Jesús Muñoz, lanzó una propuesta y es que para no solaparse debería haber una comisión de seguimiento del incendio entre todas las administraciones (local, autonómica y estatal) entre otras cosas para tener claro de dónde llegan las ayudas y para «que unos no se tiren la pelota a otros».  Para Muñoz estaba claro que la reunión era «necesaria» pues «hay que saber qué se va a hacer con la declaración de zona catastrófica». Para él era importante que se hablara también de «condonar» las cuotas a la Seguridad Social porque otras veces «lo que se ha hecho ha sido aplazar», también se habló de ayudas fiscales y «en el tema de ayuntamientos y de recuperación de infraestructuras parece ser que también podrían contribuir», explicaba tras la reunión el representante de UCCL. Se mostró especialmente preocupado por los ganaderos «individuales» ya que otras administraciones como la Junta de Castilla y León se refería sobre todo a los «comunales» o de ayudas para traer agua o para cercados pero no de ayudas individuales.

Para Manolo Jiménez era de agradecer la visita de Izquierdo y además «hemos visto buena voluntad por su parte», si bien reconocía que los trámites administrativos «son lentos». En cualquier caso se quedaba conforme con el compromiso de que en breve se publicará el real decreto y de que se les informará puntualmente de los pasos que se den.

El lobo, a la palestra. Por supuesto en un día como el de ayer en el que el Boletín Oficial del Estado publicaba la máxima protección para el lobo al norte del Duero también, la indignación entre los representantes de las OPAS abulenses era patente y así se lo hicieron saber al delegado del Gobierno, de hecho desde Asaja, Joaquín Antonio Pino recordó que habían pedido al presidente del Gobierno el cese de la ministra del ramo Teresa Ribera, a la que entre otras cosas acusó de «prepotente» y de no querer sentarse a dialogar con los ganaderos que son los que al fin y al cabo sufren con ésta decisión. Sin duda «una orden vergonzosa», decía, «en contra de un dictamen del consejo de estado y de la directiva Habitat». No es de recibo (para él) que se proteja al lobo y no haya dinero para indemnizar a los ganaderos y «que la ‘fiesta’ la tenga que pagar las Comunidades». Para Jesús Muñoz el tema del lobo también era doloroso en el sentido en el que entienden que «la especie en extinción es el ganadero» y no el lobo y con este tipo de acciones además no se ayuda a que zonas como la nuestra «no queden despobladas». Además «si se junta el tema del incendio con el del lobo» no se llega a buen término. «Para que la gente venga, debe haber servicios», entendía, y si no hay población de manera constante, tampoco servicios.  Por su parte Manuel Jiménez tildó la norma publicada de «desafortunada» y aseguró que «no estamos para nada de acuerdo con ella».

Ante ello Izquierdo aseguró que lo publicado en el BOE debe servir para cumplir un objetivo claro, «la coexistencia de la protección del lobo con la ganadería» y que tiene que haber «un compromiso de equidad sobre cómo abordar la gestión de la especie en todo el territorio nacional, con medidas de control de la especie entendiendo que puede haber daños a los ganaderos y sobre cómo llevar a cabo  las compensaciones por los daños».El lobo dijo «es parte del patrimonio natural» y no son los ganaderos los que deben cargar con su protección sino el conjunto de la sociedad que deberá contribuir a través de los Presupuestos Generales para compatibilizarlo.