Seguimiento "total" en el reinicio de la huelga en prisiones

E.Carretero
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Según el sindicato CSIF, el cien por cien de la plantilla del turno de noche y el 90 por ciento de la de mañana secundó este nuevo paro en el centro penitenciario de Brieva

Los cerca de 2.400 empleados de prisiones de Castilla y León, de los ocho centros penitenciarios de la región, reiniciaron este sábado la huelga general que continuará hasta el día 20. Lo hicieron con un seguimiento «total», según CSIF, que apuntó que en esta nueva jornada de paro solo  trabajaron los servicios mínimos «impuestos». Así, en el caso del centro penitenciario de Brieva la nueva jornada de huelga general contó con un seguimiento «del cien por cien en el turno de noche y del 90 por ciento en el de mañana», tal y como apuntan desde el citado sindicato desde donde se indica que en todo momento se garantizaron los servicios mínimos, de trece trabajadores en el caso de la prisión abulense de Brieva. Esto implica, señalan desde CSIF, que «las comunicaciones de los familiares con las internas sufrirán demoras, al igual que la actividad del centro».
CSIF insiste en que los funcionarios de prisiones de Castilla y León han afrontado esta nueva jornada de huelga «con más firmeza, si cabe, que en las jornadas de huelga de octubre. El Gobierno tiene que retomar el diálogo con los representantes sindicales y volver a presentar una propuesta de subida salarial; además de atender otras reivindicaciones planteadas, como el incremento de plantillas o el reconocimiento de la figura de agente de autoridad», insisten desde el sindicato.
Esta convocatoria de huelga se produce tras la «falta de concreción de una oferta económica por parte del Gobierno que satisfaga las necesidades del colectivo» y después de que el pasado 25 de septiembre el Ministerio de Interior ofreciera una subida media de 365 euros lineales al conjunto de la plantilla de prisiones que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021 (una oferta global de 122.646.399 euros). Sin embargo, tres días después fue retirada porque la partida económica no había sido autorizada por Función Pública, argumentando «que el procedimiento no había sido correcto, y que requería su visto bueno».