La Junta de Castilla y León creó otra mesa con el Tercer Sector de la Comunidad para coordinar la captación y gestión de los fondos europeos de Nueva Generación, que buscan avanzar en la modernización de los Servicios Sociales. Tras haber formalizado las mesas empresarial –para dar voz al tejido productivo–, de coordinación con las entidades locales –en coherencia con el compromiso con el mundo rural y el municipalismo– y la científico-tecnológica –para optimizar la experiencia del ámbito académico y de la investigación–, se da cabida ahora a las entidades que colaboran con la administración autonómica en la implementación de las políticas sociales. El objetivo de estos foros es identificar las fortalezas y coordinar capacidades para la aplicación de los fondos europeos.  

Los Fondos de Nueva Generación son un mecanismo financiero específico creado por la Unión Europea para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19. Tienen un carácter temporal y de emergencia para hacer frente a los daños económicos y sociales inmediatos provocados por esta crisis.

Este paquete de estímulos –instrumentado tanto a través de préstamos como de ayudas financieras no reembolsables–, cuenta con una dotación de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 podrían corresponder a España en un periodo de tres años, si bien el horizonte de ejecución se amplía hasta 2026.

Los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, constituyeron hoy la Mesa del Tercer Sector con la participación de los integrantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi CyL), la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), Cáritas, Cruz Roja y la Red Europea Contra la Pobreza (Eapn).

Ambos señalaron que la movilización de estos recursos y su rápida absorción mediante proyectos elegibles requiere desarrollar un sistema de información, consulta y toma de decisiones ágil y eficaz, con la participación fluida de todos los actores implicados, tanto del sector público como privado.

Fruto del compromiso de la Junta con el Tercer Sector es que el Ejecutivo autonómico decidió hacer partícipes a las entidades de la gestión de los fondos europeos consignados para el ámbito social. En este sentido, Blanco subrayó que Castilla y León es la única comunidad autónoma que ha reservado una partida de estos recursos –15,7 millones de euros– para la ejecución de proyectos de colaboración con estas entidades.

150 millones asignados

Esta cantidad representa el diez por ciento de los 150,74 millones de euros asignados a la Comunidad para el periodo 2021-2023 por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, otro veinte por ciento de ese montante se reservará para las entidades locales.

La consejera reiteró que ese gesto busca reconocer la labor esencial que desempeñan las asociaciones y fundaciones del ámbito social en la Comunidad, así como su experiencia y su elevado grado de conocimiento en estas materias. "La nota que obtiene Castilla y León por sus Servicios Sociales es por que son de todos y cuentan con la participación de la Junta, las entidades locales y el Tercer Sector", sentenció, en presencia del presidente autonómico de Cermi, Juan Pérez.  

Por su parte, Fernández Carriedo significó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la Junta desea con este tipo de reuniones fomentar la participación de la sociedad de Castilla y León en los fondos europeos. "No son fondos para la Junta sino para toda la Comunidad y así poder transformarla y modernizarla", sentenció.  

De esta manera, de entre los 166 proyectos de inversión remitidos por la Consejería de Familia al Gobierno central para su aprobación por parte de la Comisión Europea figuran 48 iniciativas cuyo desarrollo se efectuará de la mano de la Plataforma del Tercer Sector.

En su mayoría, se trata de proyectos piloto de innovación y de transformación tecnológica en los ámbitos de la dependencia, la discapacidad, la inclusión social y la infancia. Todos coinciden en mejorar la protección y la atención a las personas más vulnerables –ya sea en los centros residenciales o en su propio hogar–, siguiendo el modelo de cuidados centrado en la persona.

El mayor volumen de iniciativas, 18, se concentra en el área de la discapacidad, e incluye proyectos de digitalización e innovación para facilitar los cuidados de las personas que necesitan apoyos, pero siempre favoreciendo su vida independiente y su inclusión social y laboral. Suman un importe ligeramente superior a los cuatro millones de euros.

En este apartado se inscriben iniciativas tecnológicas relacionadas con la teleasistencia avanzada y programas como ‘Viviendas en Red’, un proyecto piloto de Dependencia 5.0 que iniciará su implantación en la provincia de Salamanca, y que consiste en la adaptación arquitectónica y tecnológica de casas en el ámbito rural para permitir a quienes quieren continuar en un hogar hasta final de su vida que puedan hacerlo en condiciones de seguridad y confortabilidad.

Estrechamente relacionado con este campo, se han planificado once proyectos en el ámbito de la dependencia, por un volumen de inversión cercano a los 4,2 millones de euros, donde nuevamente la implementación de las nuevas tecnologías se erige como elemento clave en la protección y mejora de la atención a los más vulnerables. En este epígrafe cabe destacar la creación de un espacio interactivo para la promoción de la vida autónoma y la prevención de la dependencia.

Para potenciar la inclusión social y laboral de las personas mayores, con discapacidad y dependencia, así como de las mujeres y los jóvenes, la Junta prevé desarrollar en colaboración con el Tercer Sector trece proyectos, con un presupuesto de 5,1 millones de euros. Destacan los relacionados con la reducción de la brecha digital o la configuración de una cartera de servicios inclusiva y generadora de empleo.

Finalmente, se han planificado otros seis proyectos en el ámbito de la infancia, por un montante de casi 2,3 millones de euros, orientados a la protección de los menores, la prevención e intervención ante la violencia en el ámbito filioparental, o su formación y futura inserción laboral.

Fondo adicional para el Tercer Sector

La consejera de Familia aprovechó la rueda de prensa para declarar que aún no han obtenido respuesta del Ministerio sobre la creación de una creación de una línea específica de financiación para iniciativas de inversión del Tercer Sector Social. Una propuesta que planteó Castilla y León en el último pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, en la línea del anunciado por el Gobierno para las entidades locales que será gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).