España vivía entre los pasados 14 de marzo y 21 de junio un periodo excepcional en su historia. La expansión del coronavirus por todo el mundo, también en nuestro país, obligó al Gobierno a decretar el estado de alarma. 

Durante más de tres meses, el país vivió bajo las normas marcadas por esta figura jurídica que imponía normas que, como norma general, los españoles en general, y los abulenses en particular, cumplieron sin problema, sabedores de la importancia que tenía hacerlo.

Por desgracia no todo el mundo cumplió las normas y tanto los agentes de la Policía Nacional como los de la Guardia Civil desplegados para hacer cumplir las normas actuaron conforme era obligatorio dada la situación. 

Según los datos facilitados a este diario por la Subdelegación del Gobierno en Ávila y que maneja el Ministerio del Interior, entre el 14 de marzo y el 21 de junio se incoaron en la provincia de Ávila un total de 2.204 procedimientos con propuesta de sanción. Y de ellos, fueron notificados a las personas implicadas la gran mayoría: 2.159.

La cifra baja considerablemente cuando se trata de los procedimientos con propuesta de sanción pagados. En total, 570 de las personas a las que se notificó el incumplimiento de las normas han abonado ya la multa correspondiente.

Gracias a ello, la Caja General del Estado ha ingresado en la provincia 171.000 euros.

Mención aparte merecen los casos que prosiguieron en forma de recurso de alzada (es decir, las reclamaciones que se han interpuesto contra un superior pero dentro de la misma administración que cursó la denuncia).En el caso de Ávila se han registrado a causa del estado de alarma 35 recursos de alzada. Mientras que, por otra parte, se han notificado tres recursos llevados a término en la vía contencioso-administrativo.

motivos de las sanciones. Si hablamos de los motivos por los que se interpusieron esas denuncias, conviene apuntar que ninguna de esas sanciones tuvieron que ver con el uso o no de mascarilla higiénica. De hecho, recordamos que durante las semanas que duró el estado de alarma aún no era obligatorio su uso.

Según confirman fuentes de la Subdelegación, la mayoría de las sanciones interpuestas durante los más de tres meses del estado de alarma, la gran mayoría correspondió a actitudes relacionadas con la falta de acatamiento del confinamiento.

Así bien, la mayoría de ellas correspondieron a actitudes como estar fuera de casa cuando no se debería (por pasear al perro más veces de lo necesario o a una distancia superior a la permitida, por poner un primer ejemplo, o por pasear en un horario no permitido para el grupo de edad que estaba permitido en cada momento, por citar otro).

Aunque también se registraron propuestas de sanción relacionadas con movimientos no permitidos dentro de la provincia y del país. O algunos, los más graves, relacionados con desacatos a la autoridad.