La Junta habilitó hoy en el Portal de Transparencia un nuevo formulario de solicitud de acceso a la información pública, que elimina la obligación hasta el momento establecida de disponer de DNI electrónico o certificado digital para poder cumplimentarlo e iniciar de este modo el procedimiento de acceso, según informó el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, en la comparecencia del Consejo de Gobierno.
De esta forma, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que dirige Igea, da un paso más al simplificar el acceso a la información, que será posible introducir el número del DNI. Además, el portavoz explicó que se ha procedido también a una reordenación de los contenidos publicados.
La Junta indicó en un comunicado que cualquier persona puede ejercer su derecho de acceso a la información pública para obtener documentos o datos en poder de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, generados o adquiridos para el ejercicio de sus funciones. Sobre la base de las normas en materia de transparencia, se puede ejercer este derecho para acceder a datos e informaciones derivadas de la gestión pública que efectúa la Administración autonómica.
La introducción de esta novedad, que simplifica el ejercicio de este derecho, se complementa con una reordenación de los contenidos que ya constaban en el apartado web de Derecho de acceso a la información. El objetivo de esta actualización es que "cualquier persona pueda consultar de un modo más sencillo la información que la Junta de Castilla y León publica en relación con la gestión de estas solicitudes".
En esta página web también se especifican detalladamente las resoluciones denegatorias o inadmitidas correspondientes a las solicitudes de acceso a la información recibidas desde el 10 de diciembre de 2015, así como las resoluciones emitidas por el Comisionado de Transparencia de Castilla y León.
Igea detalló que desde entonces se han recibido 408 solicitudes, de las que se han resuelto 308 y 24 están pendientes. En conjunto, el titular de Transparencia señaló que se han estimado 246 y 36 de forma parcial, mientras que el resto fueron denegadas por incumplir la Ley de Transparencia. Además dos de ellas fueron rechazadas al desistir el interesado.
En 2018 se registraron 122 solicitudes de acceso a la información pública, cifra sensiblemente baja que puede estar motivada, entre otras cuestiones, por las exigencias de identificación existentes hasta el momento para ejercitar este derecho. Y alrededor del 50 por ciento de dichas peticiones se formalizaron por registro presencial -dato que en otras Administraciones públicas apenas ronda el diez por ciento-.
Sobre el derecho de acceso a la información pública, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ya manifestó en su comparecencia de inicio de legislatura que “se mejorarán la formación y la sensibilización dentro de nuestra Administración para que los empleados públicos tengan bien presente que la protección de este derecho es vital para el fortalecimiento de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Y colaboraremos en esta tarea con todas las administraciones que dentro de nuestra Comunidad demanden nuestra ayuda”.