La Consejería de Educación explicó ayer a la Agencia Ical que los servicios de prevención de la Junta de Castilla y León, a través de dos empresas, tomarán las muestras de las pruebas PCR a los alumnos, profesores y personal de los centros por contagios en las aulas y las analizarán hasta puedan hacerlo los laboratorios de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

Fuentes de Educación apuntaron que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya había anunciado que los equipos ‘Covid colegios’ iban a salir de los servicios de prevención de la administración autonómica. En este sentido, justificó la información publicada ayer por El País que recoge la adjudicación a las empresas Cualtis y Quirón Prevención por 741.000 euros de la realización de pruebas PCR a los alumnos, docentes y sus contactos en caso de detectarse síntomas de coronavirus en las aulas de la Comunidad. 

Los equipos ‘Covid colegios’ serán, por tanto, los encargados de realizar los test correspondientes a los casos sospechosos en los centros educativos durante las primeras 36 horas, a fin de facilitar el desarrollo del curso escolar de forma presencial. Una medida que adoptó la Junta para evitar la saturación de la actividad en la Atención Primaria y de los laboratorios de los hospitales.  

Además, aseguró que las pruebas entre el alumnado en caso de un positivo en un aula no serán, en ningún caso, obligatorias, por lo que los padres se pueden negar a que sus hijos se sometan a este test. Eso sí, la Consejería de Educación recordó que los alumnos que han estado afectados por un contagio en clase solo podrán regresar a su colegio con una PCR negativa.

Esta decisión de que sean dos empresas privadas quienes realicen las pruebas a los escolares afectados fue duramente criticada por sindicatos y partidos de la oposición, mientras que PP y Ciudadanos, formaciones que sustentan el Gobierno de la Comunidad, defendieron la «agilidad» que supone la externalización de las pruebas a profesores y alumnos y sus ventajas para «no recargar» la Atención Primaria. Esta defensa del modelo, que también ha sido implantado por la Comunidad Valenciana, según explicaron los portavoces parlamentarios, Raúl de la Hoz (PP) y David Castaño (Cs).

Oposición frontal. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Fernández, se mostró muy critico con esa decisión y denunció que la Junta y su presidente «copien los peores vicios» de la gestión del Gobierno de Madrid y de su presidenta, que «ha demostrado ser un peligro público» en la gestión de la pandemia. 

También el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, rechazó el sistema adoptado por la Junta y explicó que los más de 700.000 euros para dos entidades privadas «podrían haberse utilizado para la sanidad pública», con la contratación de personal y medios que realizasen esas pruebas.

En cambio, según Tudanca, la Junta ha optado por protagonizar «retrasos» y «no tener reactivos» para las pruebas, además de «un mal control de rebrotes» y «dificultades para el rastreo» y decantarse por «seguir con el proceso de las privatizaciones».

'Ayusada’. Finalmente, el sindicato UGT calificó ayer de «ayusada» la decisión de la Junta de privatizar la realización de pruebas PCR al profesorado y el alumnado que presente síntomas de haberse contagiado de COVID-19 y exigió que el presidente Alfonso Fernández Mañueco explique esta decisión y la consejera Verónica Casado exprese su opinión y si han sido consultados. 

«Exigimos que de una vez por todas, la Junta de Castilla y León cumpla la legalidad en materia de Salud Laboral (cuyo incumplimiento ya ha sido sancionado económicamente en repetidas ocasiones) y constituya su propio Servicio de Prevención y Salud Laboral en vez de derivar el dinerode castellanos y leonesas al bolsillo de los de siempre», recoge un comunicado del sindicato.

En ese sentido, UGT consideró un «despropósito mayúsculo» la «privatización» de la realización de PCR al profesorado y alumnado porque recalcó que supondrá un coste de 130 euros por prueba y porque se van a poner en manos de una empresa privada datos personales de menores y de sus progenitores.

De momento, ni la consejera de Sanidad ni el presidente de la Junta han expresado su opinión.