Los contratistas prevén 1.134 millones de inversión en 2020

SPC
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Enrique Pascual compara la pandemia con el terrorismo islámico y advierte de que la sociedad debe acostumbrarse a convivir con la epidemia

Enrique Pascual. - Foto: Ical

La Cámara de Contratistas de Castilla y León prevé que la licitación de obras alcance este año los 1.134 millones de euros, de los que se adjudicarán, según sus cálculos, unos 859 millones. De esta forma, la inversión de las administraciones -central, autonómica y local- crecerá ligeramente en este ejercicio a pesar de la crisis sanitaria del coronavirus, tras cerrar 2019 en los 1.119 millones.

En una comparecencia por videoconferencia, el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, insistió en ofrecer al sector de la obra pública y, en general, a la construcción como “locomotora económica” para afrontar la crisis económica, que aseguró ha generado el COVID-19, que calificó de “cisne negro”, en palabras de algunos expertos en pandemias, al ser un suceso “poco probable”, pero con un “fuerte impacto”.

Al respecto, el representante de los empresarios de la obra pública consideró que la epidemia del coronavirus “ha venido” y se va “a quedar”, por lo que comparó esta crisis sanitaria con el terrorismo islámico, que cambió el mundo y al que dijo se ha tenido que acostumbrar la humanidad. Por ello, señaló que la sociedad debe adaptarse a esta infección y aprender a “vivir” con ella, porque indicó llegarán otras.

“Algo debemos estar haciendo mal”, reflexionó Enrique Pascual en declaraciones recogidas por Ical, quien aseguró que esta pandemia se va a controlar, aunque advirtió de que un rebrote sería “catastrófico” para el conjunto de la economía. Por ello, indicó a la autoridades que el sector de la construcción podría en esa situación seguir trabajando, porque lo hace al aire libre y con las personas separadas. Además, destacó la experiencia que tienen en el uso de medidas de protección.

En ese sentido, Enrique Pascual aseguró que la construcción tiene capacidad para absorber mano de obra en un momento en el que señaló es importante mantener el empleo. Destacó que el sector puede formar e incorporar a trabajadores ante una situación en la que la principal industria del país, el turismo, va a “tener enormes dificultades”.

En su opinión, otros sectores, como el automóvil, se están reordenando con la repatriación, dijo, de la producción a los países de origen de las marcas, puesto que recordó España es solo productor. Con todo ello, señaló, se abre una “incógnita” que se une a la caída de la demanda de vehículos por parte de las familias. Por ello, insistió en que la obra pública puede ayudar a paliar o solucionar la crisis económica.

Año complicado

La Cámara de Contratistas contempla que este año la situación sea “complicada” puesto que ya antes de la crisis el país y la Comunidad carecían de presupuestos, un instrumento que recordó Enrique Pascual les ayuda a hacer sus previsiones, con las que orienta a las empresas para que planifique sus medios de producción. No obstante, calculan que la licitación terminará 2020 en los 1.134 millones, un 1,3 por ciento más que en 2019, mientras la adjudicación se quedará en los 859 millones, si bien dijo que son cifras de hace 20 años.

Por administraciones, los contratistas estiman que la Administración Central repetirá como la más inversora, con 581 millones de licitación y 465 adjudicados, seguida por la autonomía, con 350 licitados y 280 adjudicados y, por último, la local, con 2013 licitados y 112 adjudicados. Enrique Pascual advirtió de los “problemas” que tienen los ayuntamientos y diputaciones para hacer sus inversiones, al estar “bastante bloqueados” por el Estado. Próximamente, esperan reunirse con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

El presidente de la Cámara de Constratistas destacó los compromisos que le han trasladado tanto desde la Junta, como desde la Delegación del Gobierno. Enrique Pascual señaló que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, les trasladó la intención de la Junta de mantener las cifras de licitación de 2019 y aunque el delegado Javier Izquierdo fue “más ambiguo” destacó que la Administración Central es la que está “tirando” de la obra pública. “Los números suyos están ahí y son buenos”, remachó.

Este ejercicio parte de un 2019 que para los contratistas de obra pública permitió recuperarse de los peores momentos, alcanzarse una licitación de 1.119 millones, un 15 por ciento más que un año antes -514 millones la administración central, 332 la autonómica y 274 la local-. La inversión del Gobierno creció un 107 por ciento, mientras se redujo la de la Junta un 11,9 por ciento y la de las entidades locales, un 21,5 por ciento. En conjunto, el grado de cumplimiento de las previsiones de contratación se quedaron en el 40,6 por ciento, puesto que la previsión era de sacar a concurso 2.240 millones y la adjudicación se quedó en 909.

Frenazo en abril

El cierre de las actividades no esenciales entre finales de marzo y abril supuso la paralización de la obra pública, con un retroceso en el cuarto mes del año del 74,9 por ciento en relación al mismo periodo de 2019. No obstante, en el primer cuatrimestre los datos provisionales indican que la licitación se elevó hasta los 352 millones, frente a los 336 millones contabilizados un año antes. Por administraciones, la central licitó 216 millones, un 31,7 por ciento más que que hace un año, cuando movilizó 164 millones.

Igualmente, la administración autonómica alanzó una licitación de 91 millones, un 33,6 por ciento más que en 2019, cuando esta cifra fue de 68 millones. Por el contrario, la administración local licitó 44 millones, un 57,4 por ciento menos que hace un año, cuando movilizó 104 millones.

Por tanto, del total licitado, la administración central aportó en la Comunidad el 61 por ciento; la autonómica, el 26 por ciento, y la local, el 13 por ciento. Por provincias, la licitación en Ávila se contabilizaron 23,8 millones; en Burgos, once millones; en León, 66,9 millones; en Palencia, 38,9 millones; en Salamanca, 17,5 millones; en Segovia, 3,5 millones; en Soria, 14,6 millones; en Valladolid, 154,9 millones, y en Zamora, 20,1 millones. Además, la partida sin provincializar se mantiene en 0,48 millones.



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