Las cooperativas agrarias resisten casi sin regulaciones

SPC
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El Gobierno regional flexibilizará la ley de cooperativas para que puedan usar todos sus recursos frente el Covid-19 e introducirá nuevos criterios en sus convocatorias específicas

Las cooperativas agrarias resisten casi sin regulaciones

Las cooperativas agrarias, que son más de la mitad de estas empresas de economía colaborativa en la Comunidad, están siendo “las menos perjudicadas” por la crisis del Covid-19, dado el carácter estratégico de las labores que acometen para la sociedad, aunque las que se dedican al vino si están sufriendo el cierre de la hostelería y de los mercados internacionales. Estas cooperativas vinícolas han presentado alrededor de una quincena de ertes en la Comunidad, según los datos que maneja la directora general de Economía Social, María Jesús Caballero.

Sin embargo, el impacto también ha sido profundo en este sector, sobre todo en el resto de cooperativas de trabajo, dedicadas a múltiples actividades, entre las que estimó casi un 70 por ciento han tenido que recurrir a regulaciones de empleo.

Lo cierto es que el sector cooperativo no va viento en popa, lo que queda reflejado en que a finales del tercer trimestre del año, se mantenían activas en la Comunidad, 1.023 cooperativas, 138 menos que un año antes. Estas empresas sostenían 7.668 puestos de trabajo, 1.102 por debajo de sus niveles de empleo en 2019 por las mismas fechas.

Caballero remarcó el enorme peso dentro del cooperativismo autonómico del sector agrario, representado en Urcacyl, que asume más de la mitad de las actividades que se encuentran en activo y cotizando a la Seguridad Social, con 540 y 2.069 trabajadores.

En este sentido, la directora de la Junta rechazó que el sistema vaya a sufrir una debacle y comentó que el bajón en cotizantes puede responder a las jubilaciones dentro de un sector, el primario, enormemente envejecido. Con todo, indicó que habrá que esperar a los datos de abril para conocer a ciencia cierta el impacto sobre este sector de la crisis, aunque rememoró que “sobrevivieron en 2008” y “es un sector que tradicionalmente ha resistido mejor a la crisis”.

“Está demostrado que las empresas que mejor salieron de la crisis de 2008 fueron las de la economía social, por los valores que mantiene en su funcionamiento, su gestión democrática y el arraigo en el territorio”, dijo, aunque asumió que “preocupa y bastante el día después de la pandemia”.

Pasos de la Junta

La Junta de Castilla y León flexibilizará de forma transitoria la ley de cooperativas para facilitar el uso de todos sus recursos en la lucha contra el coronavirus. Además, tiene previsto sacar las convocatorios propias de apoyo a la inversión e incorporación de socios al sector, que revisará para incorporar nuevos criterios adaptados a la nueva normalidad.

La directora general de Economía Social, María Jesús Caballero, expuso que están trabajando para atender las peticiones de las cooperativas de la Comunidad, para flexibilizar el uso del fondo de promoción y formación, como ya hizo el Gobierno a nivel nacional, para que puedan utilizarlo como medida de liquidez o actuaciones frente a la pandemia.

Caballero explicó a Ical, que también tendrán en consideración las demandas presentadas desde Urcacyl, para prorrogar el plazo de adaptación de los estatutos de las cooperativas a la nueva ley que se aprobó en junio de 2018, y que finalizaba en ese mes de este año, hasta el ejercicio 2021. “Las medidas estarán en la línea de las aprobadas en otras autonomías y serán en todo caso transitorias para facilitar su adaptación a la situación actual mediante decreto, que es lo más rápido para la situación de emergencia que vivimos”, dijo a Ical.

María Jesús Caballero recordó que mantuvo un encuentro con representantes de toda la economía social de la Comunidad, cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo, para conocer su situación y reivindicaciones, a finales de abril, y constató que les transmitió que pueden acogerse a todas las líneas de apoyo empresarial y laboral impulsadas por el Ejecutivo y pactadas dentro del Diálogo Social, desde los complementos salariales en los ertes a las ayudas para adquisición de equipos de protección.

Asimismo, mostró la voluntad del Ejecutivo de sacar la convocatoria específica que tienen para este sector, para inversiones o incorporación de socios, pese a la situación actual, aunque expuso que estudiarán la incorporación de nuevas actuaciones subvencionables que se adapten a las nuevas necesidades fruto de la crisis. “En cuanto podamos abriremos los plazos y convocaremos estas ayudas, porque no las hemos anulados, y la intención es mantenerlas y a lo mejor introducir otros criterios adaptados a la situación actual”, comentó a Ical.

Un modelo básico

María Jesús Caballero defendió por último, que el modelo de la economía social, “será básico en la nueva realidad” y puso como ejemplo a los agricultores que “sobreviven si están en cooperativas, donde concentran producciones, comercialización y logística, que individualmente no podrían asumir”.

“El emprendimiento social debe ser relevante en este momento, las cooperativcas es por donde hay que ir y serán una de las claves para poder superar esta crisis en Castilla y León”, resumió

Agrarias e industriales, las mayoritarias

La inmensa mayoría de las cooperativas inscritas en la Seguridad Social de la Comunidad, a finales del primer trimestre, se dedicaban al sector agrario, 540, con 2.069 trabajadores (1.904 asalariados y 165 autónomos).

Cabe destacar también que la Comunidad contaba con 164 cooperativas dentro de los sectores de las industrias extractivas y manufactureras, con 2.380 trabajadores (2.122 asalariados y 258 por cuenta propia). Asimismo, cotizaban 195 centros de cooperativas dedicados a comercio y hostelería, con 1.438 personas en plantilla.

Otro grupo con especial importancia lo constituyen las cooperativas dedicadas a la educación, las actividades sanitarias, los servicios sociales y los establecimientos residencial, con 63 centros y 760 trabajadores.

Asimismo, la Comunidad tenía registradas 43 cooperativas dentro de las actividades profesionales y los servicios auxiliares, con 284 trabajadores vinculados. Además, 26 cooperativas se centraban en ofrecer servicios de intermediación financiera y actividades inmobiliarias, con 1.215 trabajadores.

También había cuatro dedicadas a la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, con 29 trabajadores; 29 a la construcción, con 228; un total de 27 de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 212 empleos; y 15 de actividades culturales, con 78 puestos.