«El Estatuto debería reconocer una mesa de diálogo civil"

Santiago González
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Entrevista a Juan Pérez, presidente autonómico de Cermi, que el próximo martes recibirá la Medalla de Oro de las Cortes

Juan Pérez, presidente de Cermi Castilla y León. - Foto: Eduardo Margareto (Ical)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) recogerá la próxima semana la Medalla de Oro de las Cortes con motivo del 37 aniversario del Estatuto de Autonomía. Con este motivo, el presidente de Cermi Castilla y León, Juan Pérez, analiza la situación del sector de la discapacidad y reivindica mayor compromiso, sensibilización y financiación.
¿Qué sentimiento les ha producido la concesión de la medalla?
Para nosotros es un extraordinario honor recibir la máxima distinción de la Comunidad. La verdad es que supone un espaldarazo a todas las actuaciones que llevamos a cabo en materia de discapacidad y un reto para continuar.
¿Se sienten integradas las personas con discapacidad en la sociedad de Castilla y León?
Bueno, hemos avanzado bastante pero todavía queda mucho por hacer. Evidentemente ese es el objetivo último, la incorporación a la sociedad en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad y ahí hay todavía mucho que trabajar, en especial en lo que tiene que ver con derechos subjetivos. Es decir en todo aquello que va pegado a la piel de las personas y que perdura más allá de la situación política que tengamos en cada momento. Pero también hay un problema de sensibilización social y la empresa tiene que brindar oportunidades laborales.
¿Las nuevas generaciones, los más pequeños, tienen otra sensibilidad y forma de convivir y tratar a las personas con discapacidad?
Sí, se está notando. Los primeros estadíos de la vida de una persona son fundamentales porque se sienten mucho los valores, que van a contribuir al desarrollo personal. Nosotros en este sentido, estamos trabajando mucho por una educación inclusiva, que aún tiene mucho recorrido, pero que pretende que las personas con necesidades educativas especiales se eduquen donde lo hacen el resto de los niños. Bien es verdad, que las organizaciones sociales cuentan con colegios de educación especial pero nuestra intención es que cada vez más se incluyan a los niños con necesidades especiales en los centros ordinarios, por supuesto con los apoyos necesarios y unos currículos adaptados.
¿Propugnan la desaparición de los centros de educación especial o la convivencia de ambos modelos?
La convención de los derechos de las personas con discapacidad fija clarísimamente la necesidad de que las personas con necesidades especiales vayan a colegios ordinarios, pero nosotros no demonizamos los centros de educación especial porque propugnamos la posibilidad legítima de los padres para elegir el cole donde quieren educar a su hijo. Pero lo que sí estamos diciendo a las administraciones y a la comunidad educativa en general es que se tienen que dar pasos hacia una educación inclusiva. Y para ello primeramente se tiene que dar la oportunidad, ofertar esa posibilidad y poner los medios necesarios para llevarlo a cabo. Mientras no se haya medios y dotación, pues lógicamente los centros de educación especial van a tener que seguir existiendo, aunque nuestro anhelo es llegar a una educación inclusiva en el futuro.
¿A cuántas personas atiende el Cermi en la Comunidad?
Cermi es el representante legal de la discapacidad, la sociedad civil en torno a la discapacidad. En esta Comunidad se estima que en torno al 10-11 por ciento de ciudadanos tiene algún tipo de discapacidad, luego nos estamos dirigiendo a unas 250.000 personas.
Ahora mismo lo constituyen once federaciones, que engloban los tres grandes bloques de discapacidad, la física, la psíquica y la sensorial y damos una ocupación directa a unas 8.000 personas, que trabajan en nuestras entidades. Pero están apareciendo nuevas realidades de discapacidades sobrevenidas como puede ser daño cerebral, enfermedades raras, que hace unos años no se contemplaban.
Este gran volumen de profesionales y personas atendidas les lleva a pedir mayor representación en diversos ámbitos. ¿Dónde y para qué?
Venimos haciendo mucha incidencia porque nos parece clave. En esta Comunidad está perfectamente establecido un diálogo social con los agentes correspondientes y está dando sus frutos, pues reclamamos lo mismo en el ámbito civil, es decir una mesa de diálogo civil donde entendemos nuestra presencia como interlocutores de la discapacidad. Entendemos que la Junta es el garante último y final del bienestar de las personas, pero las entidades del tercer sector somos los que estamos a pie de obra, los que conocemos la realidad.
¿Este reconocimiento debería ir acompañado de alguna modificación legislativa o normativa?
Se habla cada vez más con más insistencia de una modificación estatutaria y, si se llevara a cabo, pensamos que debería introducirse un reconocimiento de esta mesa de diálogo civil. Por lo demás, entendemos que la legislación en materia de discapacidad en la Comunidad seguramente es suficiente, aunque probablemente lo que hay que pasar de los derechos a los hechos. Pero hay cuestiones de mucho calado y profundidad que deberían estar perfectamente recogidas en el Estatuto de Autonomía.
En su último manifiesto reclamaban ayuda y apoyo para luchar contra el aislamiento social y la soledad. ¿Tiene especial relevancia en la Comunidad?
Es una realidad cada vez mayor. Las personas con discapacidad afortunadamente incrementan sus expectativas de vida y se producen muchas situaciones de soledad no deseada y muy especialmente en el medio rural. Allí por su propia problemática y sus características se producen muchas situaciones de este tipo. Para paliar esta realidad, estamos trabajando con las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades en una ley de derechos y garantías a lo largo del ciclo vital de las personas con discapacidad, pero nos importa mucho el tramo final de la vida. Las personas mayores tienen evidentemente muchísimas necesidades y si a ello le unimos una discapacidad es un cóctel explosivo.
¿Cómo es su relación con las administraciones públicas?
Tenemos una interlocución permanente con las administraciones, en especial con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, pero hay una transversalidad importante. Nos interesa mucho Sanidad, porque estas personas tienen patologías muy concretas, y Empleo, porque es fundamental. Vivimos en una comunidad donde podemos decir que sí existe esta posibilidad.
¿Qué expectativas tienen en materia de empleo, apuesta por los centros especiales o por una integración en el mercado laboral?
El empleo es fundamental por ser el objetivo último para la inclusión de las personas en la sociedad. El empleo de estas personas se polariza mucho en los centros especiales, que en origen fueron concebidos como esa especie de trampolín para dar el salto a la empresa normalizada. Pero eso por desgracia no lo hemos conseguido. Algo estaremos haciendo mal, pero tampoco las empresas han sido lo suficientemente sensibles a esta realidad.
En el aspecto laboral trabajamos en una doble dirección, por un lado reclamando a la administración la inclusión de cláusulas sociales en los contratos lo que nos permite concurrir en la máxima igualdad de condiciones posible con la empresa;y por otro, promoviendo una reserva en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad. Trabajamos cada vez más para conseguir una especie de subreserva para aquellas que tienen una mayor empleabilidad. Estamos hablando de discapacidades fundamentalmente relacionadas con salud mental, discapacidad intelectual, parálisis cerebral…
Y en el mundo de las empresas privadas estamos haciendo mucha labor de sensibilización, haciendo ver que aquellas que contratan a personas con discapacidad y que adecuan sus puestos de trabajo para ello consiguen niveles de productividad importantes.
En el aspecto económico reivindican un trato fiscal favorable. ¿Qué bonificaciones pretenden?
Por un lado, estamos trabajando en lo que sería una renta básica para que la persona pudiera tener un desarrollo adecuado. Y venimos trabajando desde hace tiempo en todo lo que tiene que ver con el patrimonio protegido desde el punto de vista fiscal a favor de personas con discapacidad con la posibilidad de que se vaya formando un patrimonio a su favor para que puedan disponer de él cuando no estén sus progenitores y las personas que directamente están con ellos.
Todas las medidas de acompañamiento fiscal que se puedan arbitrar nos parecen totalmente necesarias.
¿El funcionamiento de las organizaciones sociales está garantizado económicamente?
A nosotros nos parece totalmente necesario explorar la posibilidad de tener en la Comunidad un presupuesto blindado para el ámbito social. Es fundamental que las organizaciones sepan qué recursos van a recibir cada año para poder desarrollar sus programas y proyecciones de futuro. Hay que pensar que la preocupación número uno de las personas con discapacidad y sus familias es contar con la garantía de una entidad solvente que acoja de la mejor forma al ser querido, y eso no será posible si no tenemos una estabilidad presupuestaria y económica.
Pedimos un blindaje desde el punto de vista económico de aquellos dineros que vienen para el ámbito de la discapacidad. Ya que además hay amenazas importantes, más allá de los propios deseos de la Comunidad, como el reparto del IRPF, el dinero que viene de la casilla del 0,7 de la declaración de la renta, cuyo reparto está muy en el aire desde hace dos o tres años. El dinero que llega por esta vía es muy importante porque desarrollamos muchísimos programas y contratamos a mucha gente. Necesitamos tener muy clara esa liquidez a través del IRPF, que ahora está en entredicho o al criterio del gobernante de turno, pues es una amenaza más y por consiguiente es una de las medidas estrella que estamos trabajando.
¿En Castilla y León existe cierto consenso sobre ello, no?
Fuimos la primera comunidad que hizo una ley de bases cuando cambió el sistema de reparto y hemos conseguido que a las organizaciones del ámbito social nos llegue prácticamente lo mismo que antes, pero somos conscientes de que estamos ante una situación de interinidad. Queremos una seguridad, necesaria para llevar a cabo proyectos y para la sostenibilidad de las organizaciones sociales.
¿Películas como Campeones o personajes públicos con discapacidad son referentes para las personas anónimas en su lucha diaria?
La película Campeones fue magnífica, nos ha ayudado en muchos sentidos. Nosotros siempre decimos que lo importante para las personas con discapacidad es trabajar sus capacidades. Pero también tiene una derivada, que es la sensibilización social, ya que la sociedad ha sido capaz de ver cómo estas personas son capaces de hacer muchísimas cosas.
¿El hecho de tener referentes sociales les ayuda a creer en sí mismos y superarse?
Muchas personas han visto que compañeros con quienes comparten el día a día han sido capaces. En el ámbito de la discapacidad los que se forman en una cosa luego son formadores de sus compañeros. La idea siempre es ser capaz de hacer lo que han hecho otros, con ese efecto expansivo de las acciones.