Las reivindicaciones de la ayuda a la dependencia por parte de los colectivos afectados son recurrentes, aunque las inversiones siempre se quedan por debajo de las aspiraciones de los mismos. Y esto es lo que sucedió el año pasado. El gasto medio por dependiente en 2019 fue de 7.948 euros, de los que un 83,9 por ciento fue aportado por las comunidades autónomas, en tanto que la administración central asumió solo 1.276 euros para cada beneficiario de esta prestación, lo que supone unos 106 euros al mes, la cifra más baja desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006.

El Observatorio Estatal para la Dependencia, coordinado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, informó ayer de la inversión pública en el sistema de atención a las personas con dependencia el pasado año, que supuso 8.607 millones de euros, de los que 7.221 millones fueron aportados por las autonomías y 1.386 millones por el Estado.

Según alerta el informe de esta entidad, la financiación estatal ha ido cayendo desde 2012 hasta el punto de que el pasado año su aportación fue la más baja en los últimos tres lustros, sin olvidar la brecha que existe entre regiones.

Así, el Observatorio constata que las comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (368 euros), Extremadura (286) y Castilla y León (261), mientras que se colocarían a la cola de esta lista Canarias (95 euros), Galicia (142) y baleares (143 euros).

Por otro lado, cabe destacar que  incrementaron el presupuesto en el último año en mayor medida baleares (un 32 por ciento), Comunidad Valenciana (18) y Canarias (16) y solamente Asturias redujo el presupuesto en el último año.

«El resultado final es la imposibilidad para las autonomías de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 personas pendientes de valoración», denuncia el observatorio.

Fallecidos sin ayuda. Precisamente, desde esta entidad quieren poner de relieve que a lo largo del pasado ejercicio perdieron la vida un total de 27.116 personas que tenían derecho a recibir una prestación asistencial y, sin embargo, fallecieron sin recibirla. Además, otras 16.159 murieron a la espera de ser valorados.

Según esta entidad, en el proyecto de ley de Presupuestos de 2021 que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros se incrementará el gasto para dependencia en 600 millones. Desde su punto de vista, esta inversión debería ser asumida por la administración central para llegar a una aportación del 22 por ciento de la financiación pública, muy lejos aún del 50 por ciento previsto cuando se aprobó esta ley.

A su juicio, esta inversión tendría además otro efecto y es que generaría 25.000 puestos de trabajo directos y se obtendrían unos retornos de 240 millones de euros.