El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, anunció ayer en Burgos la intención de aprobar este año el primer plan de igualdad de los empleados públicos de Castilla y León, minutos antes de la inauguración de los cursos de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap).

En este sentido, Ibáñez precisó que el Gobierno autonómico «está preparado para poder negociar de manera inminente» y «poder aprobar o poner en marcha los mecanismos de aprobación» del primer plan de igualdad de los empleados públicos de Castilla y León. «Tenemos todo el trabajo hecho, todos los borradores preparados y queremos que nazca del mayor consenso posible y buscar el consenso requiere tiempos», aseveró.

Sin embargo, el consejero de la Presidencia dejó claro que se está «plenamente involucrado» con esa cuestión y destacó que «se quiere hacer de la mano de las organizaciones sindicales» para que «este año», resaltó, Castilla y León tenga aprobado el primer plan de igualdad de los empleados públicos, según informa Ical.

Precisamente, Comisiones Obreras, una de las organizaciones sindicales implicadas, calificó ayer de «vergonzoso» que la Junta no tenga un plan de igualdad después de que una ley lo regule desde hace 13 años, y todo por la falta de interés «real» y su deseo de «dilatar la negociación» con los sindicatos al no facilitar los datos que permitan realizar un diagnóstico de la situación del personal de la administración autonómica que supera los 86.000 empleados, lo que la convierte en la compañía «más grande» de la Comunidad.

No en vano, la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se aprobó en 2007 y en 2012 vio la luz un real decreto que obliga a las empresas a negociar el diagnóstico, además de que la Junta cuenta con un requerimiento de la Inspección de Trabajo  del año pasado, que le urge a agilizar la negociación de un plan de igualdad.

Ante la víspera de una reunión de los tres sindicatos mayoritarios -CCOO, UGT y CSF- con responsables de la Consejería de la Presidencia, de la que depende la Función Pública, Comisiones Obreras urge a contar con un plan de igualdad «cuanto antes». La secretaria autonómica de Mujer e Igualdad de la Federación de Enseñanza, Carmen Mascaraque, aseguró que ese documento es como un convenio colectivo, donde están recogidos las normas y los derechos. «Tenemos voluntad de negociar hasta el final pero nos levantaremos de la mesa si no hay un buen plan», advirtió su homóloga de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Dolores Menéndez.

Brecha y segregación.

CCOO denunció la existencia de una brecha y una segregación horizontal y vertical, que genera que las mujeres se concentren en puestos de trabajo que se caracterizan por una remuneración y una escala inferiores. Todo esto ocurre cuando el 71% del conjunto de la plantilla dependiente de la administración autonómica es mujer pero apenas está representada en puestos de responsabilidad como jefes de servicio, de sección y de negociado (servicios centrales) ni tampoco en los equipos directivos (educación) ni en las gerencias y direcciones (sanidad).

Las responsables son conscientes que la falta de un plan de igualdad por parte de la Junta es algo generalizado en las administraciones autonómicas, puesto que solo Baleares, País Vasco, Castilla-La Mancha y Valencia cuentan con ello.