Críticas del PSOE a PP y Cs por la ayuda a domicilio

J.M.M.
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La procuradora socialista Soraya Blázquez lamenta su negativa a reducir el copago

Críticas del PSOE a PP y Cs por la ayuda a domicilio

La procuradora socialista de Ávila en las Cortes de Castilla y León,  Soraya Blázquez, criticó el rechazo del PP y Cs a la iniciativa del PSOE para reducir el copago de los usuarios de la ayuda a domicilio, cuando «Castilla y León es la sexta Comunidad Autónoma con el precio público por hora de servicio más elevado».
A esto se suma, según explicó, el hecho de que, mientras ha aumentado el porcentaje del dinero que aportan los usuarios de la ayuda a domicilio, la Junta de Castilla y León ha mantenido invariable la financiación, las horas y el coste del servicio.
Junto a ello, advirtió la procuradora socialista, son constatables las diferencias que hay en la Comunidad respecto a la prestación de ayuda a domicilio y al copago que soportan los usuarios de una provincia con respecto a otra, y puso como ejemplo que el copago ha subido un 4,66 por ciento en Ávila frente al 2,56 por ciento que lo ha hecho en Valladolid.
Por otro lado, Soraya Blázquez lamentó la negativa de PP y Cs a recuperar el número de horas de ayudas a domicilio fijadas con anterioridad a los recortes aprobados en el RDL 20/2012 de 13 de julio, conforme a la propuesta planteada por el Grupo Socialista.
En concreto, recalcó la procuradora socialista, el PSOE defiende que se aumente de 30 a 55 horas mensuales para las personas en situación de dependencia en grado III; que se establezcan 30 horas paras las personas con Grado II y 20 horas para las personas con Grado I. De este modo, según la procuradora socialista, se acabaría con el perjuicio que han sufrido las personas dependientes beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio en los últimos tres años.
De otra parte, Soraya Blázquez expresó su satisfacción tras la aprobación de una iniciativa parlamentaria del PSOE para que la Junta de Castilla y León notifique las resoluciones adoptadas en materia de Dependencia en un plazo máximo de diez días desde la formalización del acto administrativo. Desde el punto de vista de la parlamentaria abulense, no era de recibo que algunas comunicaciones llegaran a los interesados cinco meses después de firmarse la resolución, con lo que la decisión de este lunes pone fin a una situación injusta e inadmisible que agradecerán las personas en situación de dependencia y sus familias.