El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado nuevas órdenes europeas e internacionales de detención y entrega contra los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí por sedición, y contra Lluis Puig por malversación en el procés.

Tres euroórdenes que se unen a la dictada hace semanas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por los delitos de sedición y malversación, los mismos por los que ahora reclama a Comín. La orden contra Ponsatí, en cambio, es solo por sedición (pese a que Fiscalía también pedía por malversación) y la de Puig por malversación y desobediencia.

En su auto, el juez instructor del procés considera plenamente justificada la petición de entrega de la Fiscalía en base a la sentencia condenatoria que dictó el Supremo contra los doce líderes independentistas acusados que no huyeron del país.

Pese a que los tres exconsellers, declarados desde hace un año en rebeldía, no se sometieron a juicio, Llarena cree que la sentencia "reafirma la conclusión" de que "perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad".

Por ello ha activado órdenes europeas de detención y entrega, que ya han sido remitidas a Bélgica -donde están Comín y Puig- y a Escocia -donde reside Ponsatí-, y también internacionales que se han enviado a Interpol en el caso de que se dirijan a otro país no miembro de la Unión Europea.

Aunque en un principio Llarena procesó a los tres por rebelión, asume el criterio del tribunal del procés, que condenó a nueve acusados por sedición. Sin embargo, solo reclama por este delito a Comín y a Ponsatí al atender así a la petición de la Fiscalía, que excluyó de la sedición a Puig al considerar que su responsabilidad encajaría más bien en un delito de desobediencia.

En relación a la malversación, el juez recuerda que las consejerías de Comín (Sanidad) y Puig (Cultura) asumieron gastos del referéndum, como la distribución de 56.000 cartas certificadas y más de 5 millones de sobres con tarjetas censales. Un total de 979.661,96 euros, cuyo gasto "se disimuló y fraccionó" atribuyéndose a la consejería de Puig 238.003 euros y a la de Comín 233.180,55.

No ocurre lo mismo con Ponsatí, exconsellera de Educación, a quien no reclama por malversación al no haberse podido probar este delito en la cesión de locales para la celebración del 1-O en base al supuesto valor del suelo.

Llarena -que no consiguió la entrega de los fugados durante la instrucción- apela al "principio de confianza" entre los países de la Unión y a la Unidad Europea, que supone que cada Estado miembro "asume la autoridad de las instituciones comunitarias llamadas a resolver las divergencias que puedan surgir en la colaboración estatal necesaria" para culminar los procedimientos de entrega.

De los siete, ahora pesan órdenes de entrega sobre cuatro, dado que la Fiscalía no las pidió contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al tener que estudiar bien su caso por no funcionar en Suiza la euroorden, ni contra la exconsellera Meritxell Serret o la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, respecto a quienes descartó pedir la euroorden, según apuntaron fuentes jurídicas.

Bélgica espera la traducción

La Justicia belga ha anunciado la llegada de las dos órdenes europeas de detención y entrega contra los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Lluis Puig y está a la espera de recibir la traducción para actuar. 

La documentación está ya en manos de la Fiscalía de Bruselas, que también se ocupa de la euroorden dictada contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, según ha informado el Ministerio Público. 

"Estamos esperando la traducción", ha explicado un portavoz de la Fiscalía, sin dar más detalles sobre el tiempo que este procedimiento podría llevar, ni cuándo espera que los dos políticos catalanes sean llevados ante el juez de instrucción para decidir sobre los pasos a seguir. 

El primer paso en el proceso cuando se activa una euroorden es que el reclamado sea llevado a prestar declaración ante el juez de instrucción, que tendrá 48 horas para decidir si la orden de detención es conforme a la ley, si procede dictar prisión para las persona implicadas y si hay alguna causa de rechazo de la euroorden. 

En el caso de Puigdemont, cuya orden de entrega a España llegó a las autoridades belgas el pasado 14 de octubre, la Justicia belga también solicitó la traducción a uno de los tres idiomas del país la euroorden firmada por Llarena, algo que el Supremo cumplió enviando en apenas tres días la documentación en neerlandés. 

Tras prestar declaración, el juez dictó libertad sin fianza para Puigdemont pero sujeta a condiciones como no salir del país sin permiso del juez o estar localizable en una dirección en Bélgica. La vista se celebró el pasado 29 de octubre, pero quedó aplazada hasta el 16 de diciembre para dar más tiempo a las partes para preparar sus alegaciones.