La Junta de Castilla y León  ha enviado un requerimiento previo al Gobierno de España antes de acudir a los tribunales por el reparto de nueve millones de euros para políticas activas de empleo de los fondos europeos. Un movimiento que se une a los ya anunciados por otras comunidades gobernadas por el Partido Popular aunque a diferencia de Madrid, elGobierno autonómico ha dado una oportunidad al diálogo antes de ir directamente a la Justicia como ha hecho la comunidad vecina. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fue el encargado de anunciar durante un acto en Segovia la medida adoptada por el Gobierno autonómico y denunció que la distribución del dinero procedente de la Unión Europea debe ser con criterios «justos y equitativos». «Es gravísimo que el Gobierno central haga desequilibrios en cuanto a los criterios del reparto de cualquier tipo de fondos. El criterio ideológico y de afinidad política no debe ser la forma de comportarse», añadió, en un mensaje muy similar a los utilizados por sus homólogos de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Durante la visita a las instalaciones de Grupo Copese en Coca, Fernández Mañueco subrayó que la Junta trata de «agotar» las vías políticas antes de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo como ya hizo la Comunidad Madrid. En este sentido, recordó, según recogió la Agencia Ical, que el envío del requerimiento previo llega después de la aprobación de una Proposición No de Ley de las Cortes autonómicas para requerir al Ejecutivo central un reparto justo de los fondos europeos.

Posteriormente, la entonces consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo –que fue cesada tras el adelanto electoral–, remitió un escrito a la ministra de Empleo,Yolanda Díaz, para que desistiera de esa posición. «Si fuera necesario, por supuesto, iríamos a los tribunales de justicia por que esto es un ataque a Castilla y León, del que nos defenderemos», concluyó. 

Más tarde, el portavoz y consejero de Economía y de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el requerimiento previo del Gobierno regional remitido al Central afecta a nueve millones del reparto de fondos europeos para políticas activas de empleo, que considera «discrecional y sin consenso», al haberse realizado a cuatro comunidades –País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana– y dejar fuera a trece.

Así lo explicó el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al informar de que el Consejo de Gobierno acordó remitir el citado requerimiento previo a la vía judicial en el que se da al Ejecutivo central la posibilidad de rectificar antes de acudir a los tribunales. 

En este sentido, recordó que la Junta ya se posicionó en contra y remitió el pasado mes de octubre una carta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para pedir la retirada de ese reparto que consideran «discrecional» y en el que no ven un «trato homogéneo».

Igual que con el IVA

El titular económico de la Junta reconoció que con este requerimiento se sigue el mismo modelo de la devolución de la liquidación del IVA, en el que los tribunales dieron la razón a Castilla y León y el Gobierno extendió la misma al resto de las comunidades, y recalcó que se defienden los intereses de la Comunidad, lo que estimó que no hicieron PSOE y Podemos cuando no votaron a favor de la PNL aprobada en las Cortes con ese objetivo por el resto de los grupos. «Se da al Gobierno la oportunidad de rectificar sin ir a los tribunales», aseveró, igual que ocurrió en el caso del IVA, que, tras no aceptarse el requerimiento, se acudió a la vía judicial, que acabó dando la razón a la Junta de Castilla y León.

También, indicó que si el Tribunal Supremo diera la razón a la Comunidad de Madrid, que ha presentado un recurso por ese reparto y apoya la Junta de Castilla y León, sería extensible, como ocurrió con el IVA, al resto de comunidades.

«Embarrar»

Por su parte, la vicesecretaria autonómica del PSOE y delegada del Gobierno, Virginia Barcones, preguntó a Alfonso Fernández Mañueco qué reparto defiende de los fondos europeos y lo acusó de poner a Castilla y León al servicio de su partido para «embarrar» en los tribunales con este asunto, dentro de su política contra España. 

En ese sentido, la 'número dos' socialista en la Comunidad insistió en que frente a los intentos de utilizar a Castilla y León en beneficio del líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno ha enviado fondos a la Comunidad «muy por encima» de lo que representa su población, «como debe ser», para fomentar su transformación y convergencia territorial, social y demográfica y blindar los servicios públicos.