Los políticos independentistas presos seguirán el confinamiento en las prisiones donde cumplen condena, después de que las juntas de tratamiento de las cárceles les hayan denegado el permiso para pasar la cuarentena en sus casas, algo que sí han permitido a una quincena de presos de segundo grado que tenían salidas permitidas por el artículo 100.2.

La Generalitat anunció al pasado martes que estudiaría resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, tras lo que el Tribunal Supremo advirtió que, si se enviaba a su casa a los líderes del procés, los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.