La Junta volvió ayer a exigir la formación de un nuevo Gobierno central al objeto de poder desbloquear la entrega de fondos con los que, entre otras medidas, poder cumplir con sus compromisos de implantar la carrera profesional y las 35 horas entre sus empleados públicos.

En tales términos se expresó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, tras el encuentro que junto al presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo con el presidente autonómico de CSIF, Carlos Hernando, con el que analizaron las principales demandas sociolaborales de los más de 80.000 empleados públicos.

La definitiva implantación de las 35 horas laborales, conforme al compromiso suscrito el 21 de mayo por el anterior Ejecutivo y los sindicatos y que ha comenzado a aplicarse en horario de verano, así como de la carrera profesional, aprobada por ley, están pendientes en el primer caso de ultimar las modificaciones normativas oportunas y en el segundo del desarrollo reglamentario al efecto, sin que Ibáñez se haya arriesgado a avanzar plazos para su cumplimiento.

Y es que, como advirtió, en declaraciones recogidas por Europa Press, existe un importante «condicionante económico» derivado de la ausencia aún de un Gobierno central que pueda desbloquear la entrega de fondos a Castilla y León.

En este sentido, Ibáñez apeló a la formación de un nuevo Gobierno para poder materializar sus compromisos de implantar entre los empleados públicos las 35 horas y la carrera profesional, máxime cuando en el primer caso su aplicación puede conllevar en determinados sectores el incremento de recursos humanos, con el consiguiente gasto, y en el segundo requiere la consignación de 75 millones adicionales a consignar en los presupuestos regionales de 2020.

«Las 35 horas requieren de modificaciones normativas que no se han podido realizar en junio», aunque el acuerdo suscrito en mayo marcaba la idea de prorrogar la situación actual hasta contar con esas modificaciones. «Se puede decir que ya es algo imparable», defendió Ibáñez, quien con respecto a la carrera profesional confía en que antes de finalizar el año, una vez formalizado el desarrollo reglamentario, pueda realizarse la primera convocatoria.

Y todo ello, como así incidió, en la prioridad de la Junta de lograr que esta sea la legislatura de la «estabilidad y consolidación del empleo» para acabar con la elevada interinidad existente, que el presidente autonómico de CSIF situó en el 18 por ciento y que en sectores como la sanidad se eleva al 33 por ciento y en otros alcanza incluso hasta el 50 ó 60 por ciento.

Concurso abierto.

El concurso abierto y permanente, a falta de resover algunos recursos pendientes, es otra de las cuestiones analizadas, ya que de ello se encuentran pendientes cerca de 3.000 empleados.

Así, Ibáñez es consciente de las expectativas ante dicho proceso, si bien advirtió que el principio por el que se regirá será el de la «seguridad jurídica» para compatibilizar los intereses de los que han participado para optar a otra plaza y los de quienes se han visto privados de ella.

Tras el encuentro, el máximo responsable regional de CSIF, Carlos Hernando, mostró su satifacción ante los compromisos realizados por la Administración regional en materia de función pública, al tiempo que se congratuló del anuncio del presidente sobre la ampliación a nueve meses del periodo de trabajo de los operarios contra incendios.