Los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados en la vista celebrada por la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico mediante el que eran canalizadas las subvenciones autonómicas para ERE presuntamente fraudulentos y ayudas supuestamente arbitrarias a empresas, la conocida como pieza política de los ERE, recibieron ayer la sentencia de 1.821 folios que juzga prácticamente una década de Gobierno socialista en Andalucía, condenando al expresidente José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial y a su antecesor, Manuel Chaves, a nueve años de inhabilitación. Y todo con el PSOE en el poder.

Llegada de procesados

Un desfile interminable

El mayor caso de corrupción de la historia democrática de España merecía un operativo policial y mediático importante. Así, la sede de la Audiencia de Sevilla estaba desde primeras horas de la mañana acotada por vallas y protegida por un fuerte dispositivo policial conformado por aproximadamente una veintena de agentes de la Policía Nacional, que llegó a reunir cinco furgones. Ante la mirada y las cámaras de los numerosos periodistas congregados en los soportales del edificio, los acusados fueron llegando a la sede judicial, en un goteo en el que la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue la primera en acudir de entre los principales exdirigentes encausados.
Le siguieron José Antonio Griñán, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, figura clave en los hechos enjuiciados y quien saludó abiertamente a los medios de comunicación; el expresidente andaluz Manuel Chaves y la exconsejera de Hacienda y exministra Magdalena Álvarez, quienes también dirigieron saludos de cortesía a la prensa; y después, José Antonio Viera (Empleo y Desarrollo Tecnológico), Gaspar Zarrías (Presidencia) y Francisco Vallejo (Innovación).
Poco antes de las 12,00 horas, los 21 acusados estaban ya en la sede de la Audiencia de Sevilla para entrar en la sala habilitada para la entrega de la sentencia, previamente inspeccionada por agentes de la Policía Nacional acompañados de un perro de raza pastor alemán de nombre Noris y adiestrado en la detección de explosivos.

Más de 1.800 folios

Un trabajo de auténtica orfebrería jurídica

Minutos antes de las 12,30 horas, los acusados entraban en la sala, donde sobre las 13,00 horas ya les había sido notificada a todos la sentencia, de 1.821 folios, con la entrega de la misma en papel y en un dispositivo de almacenamiento digital tipo pendrive, tras lo cual comenzaron a abandonar el edificio sin hacer declaraciones. Tan solo Guerrero se detuvo brevemente ante las cámaras para manifestar que antes de pronunciarse sobre el contenido de la sentencia, debía «leerla». Abandonaron el edificio, por este orden, compañeros de banquillo como Griñán, Martínez Aguayo, Álvarez, Chaves, Vallejo, Viera, Fernández y Zarrías.
Aunque la mayoría estaban acusados de un delito continuado de prevaricación y de otro continuado de malversación, algunos de ellos solo fueron enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río. Tras enfrentarse a diez años de inhabilitación, Chaves, Zarrías, Magdalena Álvarez, Salgueiro y Lozano han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial, mientras Francisco del Río, el hombre que avisó de las irregularidades desde su cargo de interventor, ha sido absuelto.
La extensión de la sentencia, que seguramente será de las más largas de la Justicia en España -la del procés es de 493 folios-, está considerada por los expertos que han cubierto la pieza política del caso de los ERE, como una auténtica obra de «orfebrería jurídica». 

Una red delictiva

El modus operandi la trama funcionaba como un reloj 

El juez entiende que la red política de los ERE funcionaba perfectamente, como un reloj. Había compromisos de los que se beneficiaron casi 200 empresas, destacando tres tipos básicos: las denominadas ayudas sociolaborales, las ayudas a empresas en crisis y las destinadas a fines completamente ajenos.En cuanto a las ayudas sociolaborales, el magistrado precisa que las mismas consistían en el pago de las primas de las pólizas de renta colectiva y capital que se abonaron por la Junta, y de las que se han visto beneficiadas unas 77 empresas, que tuvieron la necesidad de presentar ERE extintivos, o de reducir la plantilla mediante despidos, lo que no quiere decir, añade el juez, que «en todo este periodo únicamente en Andalucía haya habido 77 empresas con estas necesidades, puesto que, al no existir bases reguladoras, al no existir convocatoria pública de ayudas, no era conocida la existencia de las mismas por los potenciales beneficiarios».

152 sesiones

Maratón de vistas orales

Este macrojuicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre de 2019 tras un año y cuatro días y 152 sesiones, para una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.
Para su elaboración, el magistrado Juan Antonio Calle Peña ha trabajado con mucha intensidad durante los últimos meses, con períodos de dedicación exclusiva y prórrogas, y precisamente el pasado miércoles venció la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala para que dictase su resolución. El trabajo, soberbio desde el punto de vista procesal, lo merecía sin duda.