Todas las empresas de Castilla y León deben contar con un registro efectivo de las jornadas laborales de sus empleados a partir del próximo lunes y CCOO y UGT están seguros de que el incumplimiento será generalizado, sobre todo entre las más pequeñas. Y eso que han tenido dos meses para poner en marcha la actuación contenida en el Real Decreto 8/2019 de 8 de marzo sobre medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las dos centrales sindicales defendieron hoy esta regulación para acabar con un “fraude” de 35 millones anuales a la Seguridad Social y una “estafa” a los trabajadores de 130 millones en salarios, que impacta directamente en las prestaciones y el desarrollo económico de la Comunidad. Unos datos que salen de las 200.000 horas extras semanales que se calcula, no pagan los empresarios de Castilla y León y que permitiría generar alrededor de 10.000 nuevos empleos, como informa Ical.

Los secretarios de CCOO de Acción Sindical y Negociación Colectiva y Mujer y Políticas de Igualdad, Fernando Fraile y Yolanda Martín, y los de de Política Sindical y Salud Laboral y Política Social, Raúl Santa Eufemia y Azucena Pérez, exigieron hoy la implantación del registro para mejorar la contratación, reducir la siniestralidad e impulsar la conciliación de la vida familiar y laboral. “Hay que acabar con el abuso y la explotación que suponen jornadas interminables”, animaron.

Fraile y Santa Eufemia denunciaron la “falta de voluntad” de los empresarios para implantar esta medidas tras el periodo de dos meses que marcó la norma. Santa Eufemia afirmó que ninguna patronal les ha llamado para abordar este asunto, y “en la inmensa mayoría de las empresas no han empleado ni un minuto en acordarlo con los trabajadores”. “Estamos seguros de que en muy pocas empresas tienen para fichar”, dijo, para cargar contra la “cara dura” de los empresarios por quejarse de las prisas, cuando han tenido dos meses para su puesta en marcha.

El secretario de UGT defendió que existen métodos digitales junto a los tradicionales para que todas las empresas, puedan llevar a cabo el registro, y constató que la “incertidumbre” denunciada por la patronal respondía a los resultados de las elecciones generales, ya que estaban a la espera de que un cambio de color político que frenara esta reforma.

Santa Eufemia también recordó que esta obligación esta recogida en el Estatuto de los Trabajadores desde 2015, para los contratos parciales, por lo que, ironizó, la mayor parte de las empresas ya deberían contar con el sistema, porque “siete de cada diez contratos son temporales”.

El responsable de UGT exigió a las patronales que se sienten a negociar la implantación de esta medida, para la que rechazó cualquier tipo de flexibilidad después de dos meses; porque “no se pueden consentir que en el último trimestre de 2018, se hayan registrado 185.500 horas extras sin abonar, que permitirían 4.700 empleos a jornada completa”, dijo. Asimismo, comentó que la normativa constituye una “oportunidad de oro” para la negociación de la “desconexión digital real”, es decir apagar el servidor de la empresa como el final de la jornada.

Las mujeres, las más afectadas

Fraile destacó que el colectivo de mujeres es el que está afectado mayoritariamente, por sus contratos parciales, con menores salarios, a las que obligan al alargamiento de jornadas, que se convierten en “interminables”. “El exceso de horarios eleva las desigualdades, la brecha de género, la parcialidad y las horas no pagadas”, dijo.

Yolanda Martín precisó que las mujeres asumen el 75 por ciento de la contratación parcial, “están muy presionadas” para alargar la jornada, y es preciso “corregir” esta situación, ya que asumen el 51,4 por ciento de las horas extras de más, lo que impide la conciliación.

Fernando Fraile también denunció que esta práctica de las empresas eleva de forma significativa la siniestralidad laboral, y manifestó que no es de recibo que el año pasado muriesen 21 trabajadores por dolencias no traumáticas, infartos, ictus…. Azucena Pérez remarcó, al respecto, que el exceso de horarios, impacta directamente en el aumento de las enfermedades laborales; y defendió que controlar los horarios constituye una “medida estrella”, que reduciría el absentismo y elevaría la productividad de los trabajadores.

Fraile exigió a la patronal Cecale, que informe “de forma adecuada” a los empresarios de la obligatoriedad de adoptar esta medidas, para “todas y cada una de las empresas” pongan en marcha un registro de horarios, que “acaba con esta lacra”, porque “sino serán cómplices del fraude, del aumento de la siniestralidad y la falta de conciliación.

Bajas sanciones

Asimismo, pidió a la Inspección de Trabajo que empiece a actuar ya para sacar a la luz los incumplimientos y reclamó una campaña especial este ejercicio, aunque ya esté cerrada la programación. En este sentido, criticó las “cortas” sanciones que se pueden imponer a las empresas que hagan caso omiso a la normativa, con un máximo de 6.250 euros, aunque se puede duplicar en casos de negativa reiterada.

Junto a esto, reclamó líneas de ayudas y asesoramiento para que las empresas puedan poner en marcha la medida, sobre todo para las más pequeñas.