En materia ética de convicciones políticas el respeto con las convicciones democráticas es fundamental, como la defensa de la Constitución, sus valores y principios, la historia constitucional del pueblo soberano, y la defensa de la nación española, no admite dobleces. En términos políticos, en cumplimiento de las condiciones que admiten el registro de las opciones políticas, de la fé pública en el registro de los partidos políticos, que admite la soberanía democrática española, confiando en el juramento y/o /promesa con el compromiso del respeto a la Constitución, esto es a la Nación Española.
La dimensión des espacio político español, no admite desviaciones, no amparadas por la ley, que descubre el Tribunal Constitucional, en la defensa de de las libertades y derechos amparados por leyes orgánicas, condenadas por nuestro alto Tribunal defensor de la real y efectiva proclamación del derecho a la libertad de toda la ciudadanía española, y que demuestra la necesaria formación en el conocimiento de la Constitución, por la mayoría de las formaciones políticas, por encima de réditos electorales. 
En la representación política tenemos el derecho a que los más preparados se definan y asuman el valor «España», con la claridad del sentido común de la opción por la acción política; por si así no se hiciera, la experiencia y memoria colectiva seguirá pidiendo a los mejor preparados que se decidan para defender los ideales españoles.
En nuestras Constituciones recientes, democráticas, contamos con la presencia de un Tribunal dedicado a la defensa de las Garantías Constitucionales como heredero de la tradición democrática española, singular y cumplidor implacable en sus decisiones de la defensa de la democracia: a) en su llamada a la cordura en la definición política de las opciones políticas de la Nación española; b) ser responsables, como personas maduras, comprometidas con la ciudadanía y el valor y honor de cumplir con obligación política que define ser responsables por la defensa de los derechos, libertades y obligaciones de toda la ciudadanía española; y, c) responder social y personalmente con el compromiso político que mayor honor merece: defender nuestra decisión política, valor constituyente con la razón histórica del ser representante de la Nación Española, en nuestro afán colectivo de ser parte de las Naciones Occidentales, de aquí la necesidad de contar con los valedores políticos más comprometidos con la Nación y marca España. Que vaya lío con poner vallas en la Nación, y valladares a quienes opinen con libertad nacional española.
Por si así no se hiciere, las crónicas de nuestro Tribunal constitucional, en vela por la defensa de los derechos y libertades constitucionalmente proclamados, ya han sido remitidas al Tribunal de la historia, y a su archivo indestructible: Sección de la real actuación de las opciones políticas, junto con las actas de las sesiones de las Cámaras Alta y Baja, Senado y Congreso de los Diputados, Cámaras autonómicas; y cuanto es necesario que figure para evitar el olvido de los valedores y valores políticos, y meros entes de cuotas de Partido; como el contraste entre las personas y su reflejo político, y representativo en los diarios de sesiones parlamentarias y en la historia democrática española; y poder leer, acumulados en los diarios locales, regionales y nacionales, por los futuros investigadores de nuestra democracia, cuanto manifestaron los representantes de la nación española y proceder al estudio para trabajar, en la visión u perspectiva histórica, como material disponible para la revelación de las «hazañas políticas», por parte de los historiadores del futuro: Y esto no hay quien lo oculte en el papel ni en los archivos digitales sin fronteras. 
El compromiso con la defensa de la Constitución Española no se ampara bajo ninguna bandería ni bandadas antiespañolas. La representación política reclama la decencia personal por el juramento o promesa por colaborar con la democracia española y su funcionamiento. La representación parlamentaria es incompatible con toda visión autoritaria que considere a nuestras Cortes, Congreso, Senado y Autonomías, como baluartes o fortificaciones de la Nación española por destruir. El sistema electoral es abierto a toda opción ampara por la ley electoral, y la realidad es el espacio de derechos y libertades, obligaciones y compromiso con nuestro Reino de España, con la Nación Española y el encuentro y recuperación de la gran Historia del encuentro del consenso constituyente, sin necesidad de ideólogos de la visión de la Nación española como enemiga de las culturas e historia de la forja y raíces de la Cultura española, que pagamos entre todos presupuestariamente hablando, y pagando en euros a los que no renuncian en pago de sus servicios representativos en las Cámaras políticas españolas, que aquí y en sueldos no hay baluarte defensivo, ni capillas políticas que cuestionar con la Hacienda de la Nación española.