La Junta de Castilla y León presentará en diez días una propuesta para hacer efectivo el acuerdo suscrito el 21 de mayo y para aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos el próximo año. La oferta determinará “cómo” y “cuándo” se puede reducir el horario de trabajo, tras aceptar las organizaciones sindicales el “retraso” provocado por el cambio de gobierno en la Comunidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los representantes de UGT, CCOO y CSIF lograron desbloquear la situación, tras la ruptura de los contactos en septiembre, en el transcurso de una reunión que se prolongó durante dos horas y media, después de que este martes el jefe del Ejecutivo comunicara su decisión de involucrarse de forma personal para resolver un conflicto que podría desembocar en una huelga de la función pública el 6 de noviembre.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, avanzó que las partes seguirán trabajando y volverán a reunirse el lunes 21 de octubre para analizar la propuesta por escrito que hará el Ejecutivo. De momento, los representantes de las centrales sindicales mantienen el calendario de movilizaciones, con una concentración el 17 de octubre, y con un primer paro parcial el 25 de octubre.

La Junta, según Ibáñez, mantiene que la jornada de 35 horas debe aplicarse con criterios de equidad, es decir, para todos los empleados públicos; manteniendo la garantía en la prestación y la calidad, así como en condiciones de estabilidad, para que sea posible su continuidad en el tiempo. Ahora, reconoció, la Junta tiene la “pelota” en su “tejado”, pues le corresponde presentar una propuesta a los sindicatos.

De momento las organizaciones sindicales exigen respetar el acuerdo suscrito en mayo que contempla el 1 de enero de 2020 como fecha para la aplicación de la reducción horaria, tras no lograr prolongar el horario de verano este 1 de octubre. También admitieron las dificultades presupuestarias y organizativas que atraviesa la Junta, por lo que Tomás Pérez, de UGT, señaló que los calendarios podrían elaborarse con un “retraso”, si existe una “compensación”.

Reunión productiva

El titular de la Presidencia explicó que la reunión había sido “muy productiva” pues habían logrado resolver un “malentendido” y desbloquear las negociaciones, de forma que Junta y sindicatos acordaron seguir trabajando y reuniendose para avanzar en la aplicación de las 35 horas, un compromiso “ineludible” -dijo- para el Ejecutivo autonómico, que recalcó sigue “comprometido” con el pacto del 21 de mayo.

El consejero subrayó que a través del diálogo y la negociación se concretará “cómo” y “cuándo” se hace efectiva la reducción horaria en las distintas secciones de la administración. Por ello, señaló que una vez que haya un acuerdo final se podrá explicar el “itinerario” que se seguirá, por lo que hizo un llamamiento para que este asunto se lleve a las mesas de negociación puesto que en su opinión el estar en el “candelero” puede distorsionar el avance.

El responsable de servicios públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, reconoció la “buena voluntad” de la Junta, tras verse con Alfonso Fernández Mañueco, y señaló que esperan que los contactos permitan que las 35 horas sean una realidad “este curso escolar” y en 2020. Destacó que las dos partes pudieron explicar su posición y dificultades.

Indicó que la Junta le había pedido “tiempo” para poder presentar un nuevo planteamiento, debido al “retraso” acumulado por el cambio de gobierno. Además, reiteró que el acuerdo suscrito en mayo con el anterior gobierno es “legítimo” y señaló que no renuncian a que se aplique, si bien negociarán el “cómo” y “cuándo”.

También, el presidente de CSIF en Castilla y León, Carlos Hernando, valoró el gesto de Fernández Mañueco por recibirles, si bien señaló que esperan recibir una propuesta concreta sobre la llegada de las 35 horas a la Comunidad. No obstante, apuntó que entienden las dificultades de la Junta en estos momentos y aceptan seguir trabajando en los próximos días. “Tranquilidad” y “sosiego”, dijo hasta ver cómo terminan estos contactos.

Por su parte, la coordinadora autonómica de servicios públicos de CCOO, Ana Rosa Arribas, admitió que las expectativas puestas en esta reunión eran “más amplias”, si bien destacó que había detectado “voluntad” en el Ejecutivo de cumplir con el compromiso de reducir la jornada laboral de los empleados públicos. Por ello, en las próximas reuniones determinarán en qué ámbito y de qué forma se hace.