Toda la oposición se unió hoy en el pleno de las Cortes para exigir a la Junta que asuma la financiación de los gastos extraordinarios que asumen los ayuntamientos para el refuerzo de la limpieza y desinfección, así como de calefacción de los centros educativos de Infantil y Primaria por el COVID-19.

La iniciativa del Grupo Socialista, que respaldaron Podemos, UPL, Por Ávila y Vox, se rechazó al votar en contra los grupos Popular y de Ciudadanos, socios de gobierno, que se opusieron tras defender que están previstos 1,7 millones de euros en este curso, de los que se han transferido 680.000 euros a las entidades locales, y remarcaron los fondos transferidos a los ayuntamientos.

El socialista Fernando Pablos apeló a la “dignidad” de ‘populares’ y ‘naranjas’ tras leer un informe jurídico de la Diputación de Palencia, gobernada por el PP, en el que indicó se considera que debe ser la Junta la que asume los gastos extraordinarios, aunque sea una competencia municipal, ya que derivan de instrucciones nuevas de la Junta para evitar contagios.

Fernando Pablos consideró “insuficiente” la previsión de 1,7 millones para este curso, después de que el Gobierno haya transferido más de 84 millones para el servicio educativo, tras el impacto de la pandemia. Además, recordó que la Junta tienen en sus cuentas un superávit financiero, por lo que en su opinión no puede negar estos fondos, tras dar cuenta de la diferencia entre el gasto en el que han incurrido los ayuntamientos y la aportación de la Comunidad.

El socialista indicó que mientras en Burgos se gastó de septiembre a diciembre 184.405 euros, se recibieron 27.960 euros de la Junta, al igual que Camponaraya (León), donde de 21.000 euros, obtuvieron de la Comunidad 1.270 euros, o en Benavente (Zamora), que gastó más de 23.000 euros en la contratación de siete personas a media jornada, si bien la Junta les envió 4.870 euros.

Por ello, Pablos aprovechó para valorar la implicación de equipos directivos, alumnos y familias en este curso, “absolutamente excepcional”, así como de los ayuntamientos, especialmente los pequeños, que aseguró se han desvivido para mantener la limpieza de los centros.

La ‘popular’ María José Ortega defendió que la Comunidad es la que más fondos ha destinado a las entidades locales e instó al Gobierno a modificar la legislación sobre la competencia de limpieza de los centros educativos. Además, negó que se acuse de “cicatero” al Ejecutivo autonómico, reclamó una reforma de la financiación local para que no tengan que “mendigar” e instó al PSOE de tratar de ocultar la “brillante” de apropiarse del superávit de los ayuntamientos.

También, reconoció el esfuerzo de la comunidad educativa en este curso, frente a la “exclusividad del PSOE”, y destacó que habrá 1,7 millones para estos gastos extraordinarios. Además, destacó los 58 millones para nuevas contrataciones y 12 millones para las universidades, así como 5,8 para adquisición de material de protección, entre otras partidas.

En nombre de Ciudadanos, Blanca Negrete reiteró la posición en contra de su grupo porque pese a reconocer el “esfuerzo extra” de las entidades locales y los centros educativos, pero añadió que la pandemia está generando un “nivel de exigencia” muy elevado a las administraciones. Aún así, defendió las “cotas” de cooperación y lealtad de la Junta en relación a otras comunidades y el Gobierno. Además, recordó los tres fondos habilitados por la Junta, mientras acusó al Gobierno de querer quedar con el superávit de los consistorios.

La procuradora de Podemos Laura Domínguez recordó que PP y Cs votaron en contra de una iniciativa similar en la Comisión de Educación y apuntó que el debate no está en si le corresponde a la Junta o no, porque de lo contrario no habría transferido fondos. “Simplemente no quiere realizarlas y aportar esa inversión”, afirmó e indicó que los fondos previstos son “insuficientes”.

El procurador de UPL Luis Mariano Santos acusó a Ciudadanos en León de ser “pirata” por no reconocer el esfuerzo municipal en esta pandemia y aseguró que la petición es “racional” y que como recogen muchos informes jurídicos, una cosa son los gastos ordinarios y otra esta situación en la que a su juicio tiene que responder la Junta. “No somos muy optimistas”, dijo porque en la Diputación han aprobado subvenciones, excepto la formación ‘naranja’.

En nombre de Por Ávila, Pedro Pascual se mostró a favor de la iniciativa porque en muchos aspectos el “modus operandi” de la Junta es delegar funciones que le corresponden a los ayuntamientos. En este caso, aseguró que la Junta tienen que dotar de esa financiación a los consistorios para que presten las tareas de desinfección y limpieza. “La Junta tiene que asumir lo que le corresponde”, sentenció.

Finalmente, la procuradora de Vox Fátima Pinacho indicó que debería ser la Consejería de Educación la que asuma este gasto extraordinario, a lo que añadió que la gestión ha generado un daño al tejido económico, lo que reduce también a su juicio los ingresos de los consistorios.