La Plataforma 'Autobús Ya', el colectivo que se constituyó hace más tres de años para luchar por la recuperación del servicio regular de viajeros perdido en la comarca El Barco de Ávila-Piedrahíta tras el cambio de concesión materializado a finales de agosto de 2018, muestra su «malestar» después de que siete personas integrantes de la plataforma hayan recibido (a título individual) la notificación de otras tantas sanciones económicas, de mil euros cada una, como presuntos responsables de «organizar una manifestación» y de «los incidentes de agosto de 2021 en Piedrahíta». En el transcurso de la convocatoria de un «acto simbólico» de protesta en la comarca varios ciudadanos ocuparon la vía de servicio e interrumpieron el tráfico, unos hechos de los que el colectivo se desvincula porque no solo no los alentaron, sino todo lo contrario, afirman, de ahí que hablen de unas «sanciones injustas y desmesuradas». 

La plataforma, que ha explicado su versión en una carta remitida a los medios de comunicación, abordarán este asunto y el de la situación general del servicio en la reunión que mantendrán la próxima semana en la Subdelegación del Gobierno, un encuentro ofrecido por el nuevo subdelegado y previsto para hace unas semanas y que tuvo que suspenderse por la evolución de la pandemia.

En su carta, el colectivo explica que los siete sancionados «no estuvieron en ningún momento en la localidad de los incidentes», Piedrahíta, porque estaban en La Aldehuela, donde TVE grababa un reportaje sobre el tercer aniversario de la pérdida del servicio de autocares. «La Guardia Civil personada en La Aldehuela solicitó hablar con los representantes de la plataforma» y estas siete personas les explicaron «que no había esta figura como tal y les entregaron sus DNI de manera voluntaria». 

La plataforma había pedido que los vecinos de otras localidades salieran a la vía de servicio con pancartas y maletas para recordar la problemática, «un acto simbólico en el que, en todo momento, se dijo que no se debía invadir la carretera ni cortar el tráfico o generar cualquier otro altercado», subrayan.

Según continúa el colectivo, en los atestados de la Guardia Civil se puede comprobar que «los incidentes tuvieron lugar en Piedrahíta, donde algunos ciudadanos, haciendo caso omiso de la premisa  de la plataforma, decidieron ocupar la vía de servicio mediante una sentada espontánea e interrumpiendo así el tránsito regular de autobuses de la compañía Monbus». La plataforma hace constar que esas personas «ni pertenecen ni han pertenecido a este colectivo» y que actuaron «por iniciativa propia y siendo los únicos responsables de sus actos».  

En este punto, el colectivo recuerda que lleva «tres años luchando por lo que creemos que es justo» en los que «todos los actos han transcurrido sin ningún incidente y respetando en todo momento lo que nos solicitaba la Guardia Civil, presente en todas las convocatorias. Tres años en los que hemos hablado con partidos políticos de todos los colores y en los que, tras muchas promesas, seguimos sin recuperar un servicio de autobús que funcionaba perfectamente y que se nos quitó de un día para otro. Tres años en los que hemos conseguido sentarnos con los representantes de las administraciones en cuyas manos está poner una solución a este problema, como la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que fuimos recibidos en julio de 2021. Tres años en los que hemos tenido paciencia y hemos seguido trabajando con tesón y esfuerzo por conseguir nuestro objetivo». 

Por todo esto, añaden, «nuestro malestar es mayor y nuestra decepción con la administración que ha sancionado a estas siete personas, es total y absoluta». «No sólo no se nos da una solución  sino que encima se nos ponen trabas mediante sanciones económicas» cuyo objetivo, inciden, «es ir en contra de un colectivo tan vulnerable como son los habitantes de la llamada 'España Vaciada' que lo único que intentan es luchar por sus derechos y por mantener los pocos servicios de los que disponen».