La Junta arremetió contra el Gobierno tras su negativa a pagar los 142 millones pendientes de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 con la excusa de que han caducado tras haber pasado más de dos años. El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que mostró la «indignación máxima» por la decisión de Sánchez, acusó de «apropiación indebida» al Ministerio y anunció que pedirán a los diputados de PP y Cs que no voten a favor de ningún presupuesto que no incluya esta partida. Hizo extensivo esta solicitud a los miembros del resto de partidos, especialmente a los diputados socialistas.
Tras el habitual Consejo de Gobierno, Igea exigió en varias ocasiones que se abone esta cantidad pendiente a la Comunidad, si bien descartó la posibilidad de reclamar su pago en los tribunales, como advirtió el presidente Alfonso Fernández Mañueco esta semana, al encontrarse ya fuera de plazo.
En este sentido, el portavoz de la Junta aclaró que el proceso judicial iniciado por la Comunidad de Madrid para el pago de esta deuda, que se eleva hasta los 2.800 millones en el conjunto de las comunidades, tendrá efectos también para el resto de autonomías, tanto «se gane o se pierda».
El enfado de la Junta llevó a calificar de «desfachatez» los argumentos del Gobierno sobre la caducidad de la deuda dos años después y reclamó al PSOE de Castilla y León que aclare si serán «cómplices» con unos Presupuestos Generales del Estado que no incluyan este pago, como adelantó esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la presentación de la financiación provisional prevista para las comunidades en 2020.
El portavoz del Ejecutivo autonómico añadió que es «absolutamente intolerable» la decisión del Gobierno puesto que -defendió- se trata de unos impuestos abonados por los ciudadanos de la Comunidad, que se gastaron en diciembre de 2017, y que no se liquidaron a la Comunidad por el cambio del sistema de cálculo en la etapa del exministro popular Cristóbal Montoro.
Por ello, Igea rechazó que la titular de Hacienda haya considerado que el pago de estas cantidades está resuelto al pasar más de dos años. El portavoz ironizó con lo «feliz» que sería el mundo si tras dos ejercicios, las deudas prescribieran, como en las hipotecas.
Tras recordar que la Junta solicitará a los representantes del Partido Popular y Ciudadanos en el Congreso que rechacen el proyecto de presupuesto si no incorpora el pago de esta deuda, Igea lamentó que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, no defienda los intereses de los castellanos y leoneses y se preguntó si «será cómplice» de esta «apropiación indebida».
Entregas a cuenta
Asimismo, el malestar de la Junta se extiende a las entregas a cuenta provisionales dadas a conocer esta semana por la ministra de Hacienda. El vicepresidente se quejó de que la financiación comunicada es «provisional» por lo que no permite elaborar las cuentas de la Comunidad, por lo que rechazó las críticas de la oposición y reiteró que manejan unos plazos similares a los del Gobierno central. «Elaboración para Semana Santa y aprobación definitiva para el verano», calculó Francisco Igea.
Además, el portavoz denunció que las entregas a cuenta anunciadas para Castilla y León (6.442,94 millones de euros) suponen una disminución de 51,16 millones respecto a las definitivas de 2019. Por ello, explicó que la financiación calculada aumenta un 3,4 por ciento, hasta los 6.768,82 millones, debido a que se incluyen los 399,75 millones de la liquidación positiva de 2018.
Al respecto, Igea insistió en que esta financiación es el resultado de un modelo «perverso», que aseguró pactaron el PSOE y ERC en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y que otorga más recursos a los que más tienen y más población suman en sus territorios. Así, destacó que Cataluña, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana son los que ven incrementada en mayor proporción sus transferencias, mientras los que más lo necesitan sufren reducciones, como a su juicio es el caso de Castilla y León o Extremadura.
De esta manera, el portavoz de la Junta expresó su temor por lo que pueda ocurrir si se reforma el sistema de financiación autonómica, el modelo por el que el Estado reparte recursos entre las comunidades autónomas, siguiendo la filosofía del actual. Además, Igea insistió en que el sistema en vigor atenta contra la igualdad y advirtió de lo que puede ocurrir si en el debate sobre esta cuestión se ponen sobre la mesa las denominadas «balanzas fiscales».