La recomendación del uso generalizado de mascarillas ante el coronavirus sigue sin ganar adeptos entre los expertos sanitarios y la industria alerta, además, de su imposible cumplimiento en estos momentos ante las dificultades para abastecer el mercado.

Fue la semana pasada cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reveló que no se descartaba aconsejar a toda la población el uso de mascarillas, y desde entonces el Gobierno se ha esforzado en dejar claro que no se recomendará mientras no haya unidades suficientes.

A este respecto, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se mostró el pasado martes cautelosa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «Somos conscientes de que la ciudadanía se hace muchas preguntas respecto a cuándo podremos salir, de qué manera, si tendremos que llevar o no mascarilla... Son todas preguntas legítimas, pero para no generar confusión no queremos desarrollar ningún tipo de especulación».

Pero el pasado viernes, en un nuevo giro, Illa manifestó que el uso de estas protecciones es «recomendable», principalmente cuando hay aglomeraciones, y, por eso, repartirá «mascarillas higiénicas» a los usuarios de transportes públicos que estén masificados.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva días expresando su escepticismo ante esta medida al considerar que podría derivar en una carencia de medios de protección para quienes más los necesitan: personas con síntomas o con mayor exposición al virus, como los sanitarios. «El uso de mascarillas no se requiere para gente sana», reiteró recientemente el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, recordando que pueden dar una falsa sensación de seguridad a quienes las usan y hacerles olvidar otras medidas de prevención esenciales.

No obstante, la organización reconoce que no hay respuestas definitivas ante el COVID-19 y continúa evaluando un uso más amplio de mascarillas, especialmente en países donde, por ejemplo, hay escasez de agua y no es posible el lavado frecuente de manos.

El debate se centra en las denominadas mascarillas quirúrgicas, que evitan que la persona que las lleva transmita el virus, pero no la protege, como ocurre con las que tienen sistema de filtrado (FFP1, FFP2 o FFP3).

Fabricar y comprar

Conviene recordar que el pasado 25 de marzo, La Moncloa anunció que había cerrado con China un contrato de compra de material sanitario por 432 millones de euros que incluía un acuerdo con tres proveedores para el suministro en ocho semanas de 550 millones de mascarillas quirúrgicas y de protección respiratoria, tanto para profesionales como pacientes.

Los esfuerzos se centran ahora en impulsar la producción nacional y el primer gran acuerdo se hizo público el pasado lunes: la cooperativa Bexen Medical, que forma parte de la Corporación Mondragón, fabricará 60 millones de unidades a partir de mediados de mes, a razón de 2,5 millones a la semana.

Al margen de las donaciones de material que están protagonizando grandes empresas, muchas industrias y talleres han apostado también por la reconversión para producir mascarillas.

El Ministerio de Industria ha elaborado una guía para la producción «artesanal» con indicaciones sobre modelos y tejidos y con una serie de advertencias: no son productos sanitarios, su propósito es «meramente higiénico» y son de un solo uso.

Si, finalmente, se lanza la recomendación del uso generalizado de mascarillas, el Consejo General de Farmacéuticos ha ofrecido al Gobierno la red de 22.000 farmacias para distribuirlas a todos los ciudadanos, explica Ana López, miembro del comité directivo, que subraya la dificultad con la que se encuentran actualmente estos profesionales para conseguir ese material, tanto para protegerse ellos como para venderlo al público, y denuncia que algunas empresas que no integran la red habitual de distribución están ofreciendo estos productos a precios «muy elevados». «Hemos recomendado que las farmacias extremen la compra ética y no alimenten un mercado de especulación que perjudica a los ciudadanos», señala.

Los farmacéuticos han demandado al Gobierno la regulación de los precios de estos productos, desde el origen hasta la venta al público, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se comprometió a hacerlo recientemente.

Mercados colapsados

Desde la Asociación de empresas de equipos de protección individual (Asepal), que agrupa a firmas fabricantes pero fundamentalmente a importadoras y distribuidoras, ven imposible determinar una fecha en la que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una mascarilla.

La producción nacional no está preparada para atender la demanda. «Los precios están disparados» ante la competencia de compradores privados e institucionales de todo el mundo, explica el secretario general de Asepal, Luis Gil Palacios, que aprovecha para reclamar, además, un «esfuerzo de pedagogía» por parte de las autoridades para dejar claro que las mascarillas más sencillas, las quirúrgicas, sirven para «proteger al entorno», no al que la lleva. 

En este colectivo han detectado, además, un aumento de oferta a los distribuidores por parte de proveedores de dudosa reputación o que utilizan certificados falsos.

En España ha habido ya detenciones, como la de un empresario en Santiago de Compostela investigado por el presunto robo de cerca de dos millones de mascarillas para venderlas en Portugal; o la de dos empresarios de Logroño, por detraer supuestamente del mercado productos sanitarios y ponerlos a la venta con precios hasta 10 veces superiores.

En Alicante fue arrestada una persona acusada de vender mascarillas y no entregarlas después a los compradores, una estafa piramidal que podría superar los 726.000 euros; y en Tenerife también fue puesta a disposición judicial una mujer que vendía lotes de mascarillas y gel desinfectante que, al parecer, sustraía del centro hospitalario en el que trabaja como limpiadora. 

En situaciones así es cuando se ve de qué pasta está hecho uno.