Proporcionar atención inmediata y gratuita a todos aquellos docentes que viven situaciones de conflictividad y violencia en el ámbito educativo, su ámbito profesional. Ésta es la principal tarea de la figura del Defensor del Profesor,  un servicio de ámbito nacional, exclusivo del sindicato ANPE, y que en los últimos cinco cursos escolares atendió 22 casos lanzados desde la provincia de Ávila.

El año pasado apenas fueron los dos casos atendidos en la provincia de Ávila por los expertos de ANPE. Pero es María José MartínVicente, responsable de esta institución, la que explica a Diario de Ávila que los datos del curso pasado, tanto en la provincia de Ávila como en otras de la región, están desvirtuados por el estado de alarma, que obligó a cerrar aulas a mediados del mes de marzo. «El año pasado, la gente estaba preocupada por otras cosas», plantea con sencillez MartínVicente, que apunta que los pocos casos que se contabilizaron el curso pasado tuvieron que ver, en su mayoría, con asuntos relacionados con el uso de redes sociales.

Y es que el curso pasado fue el de las clases a través de plataformas y los deberes enviados por whatsapp, una realidad que poco a poco va estableciéndose en nuestras aulas y que va cambiando la manera en que profesores y alumnos se relacionan.

En el histórico de los cinco años,  elDefensor del Profesor tiene registrados siete casos en el curso 2016/2017; dos en el curso siguiente; ocho, la cifra más alta de los últimos años, se contaron en el curso 2017/2018; el año siguiente fueron tres; y el curso pasado, del que ya hemos hablado, fueron dos los casos atendidos en nuestra provincia.

Si hablamos a nivel regional, el curso pasado en Castilla y León se registraron 38 casos, cuando el curso anterior habían sido 81. La provincia que encabezó los casos en los que se pidió ayuda el Defensor del Profesor fue Valladolid, con once. Le siguió Salamanca, con diez. Y ya de lejos, Zamora y Burgos, con cuatro respectivamente; Palencia, con tres; Ávila, León y Segovia, con dos cada una;y por último Soria, sin casos.

Cabe destacar que el 84,21 por ciento de los casos fueron tratados hasta el momento del inicio de la crisis sanitaria, y sólo el 15,79 por ciento durante los meses de posteriores. 

En los meses de confinamiento, el 50 pro ciento de los casos atendían a situaciones de acoso derivado del uso de las nuevas tecnologías.

Por etapas educativas, de los 38 casos atendidos por este servicio, el 5,26 por ciento (dos) se efectuaron en Educación Infantil, el 60,53 por ciento (23) en Educación Primaria, el 28,95 por ciento (once) en Educación Secundaria y el 5,26 por ciento (otras dos) en la Formación Profesional. 

Durante ese curso no hubo demanda de atención por parte de otras modalidades educativas como Centro de adultos, EOI, etc. 

Estos resultados, se dice desde ANPE, muestran como la mayoría de las situaciones conflictivas se producen dentro de las etapas de escolaridad obligatoria.

En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se puede señalar tres grandes bloques en los que ANPEcentró su intervención: los relativos a alumnos, los derivados de padres y aquellos que se producen fruto de la interacción entre compañeros (Administración, Inspección, Equipos directivos…). 

De esta manera, el 28,95 por ciento (once) de las actuaciones estuvieron relacionadas con los alumnos, el 28,95 por ciento (otras once) con los padres y el 42 por ciento (16) con el propio entorno laboral. 

En este análisis hay que tener en cuenta que el ámbito escolar es un ámbito de interacciones múltiples, y si bien, ANPE trata de recoger los resultados centrándose en la fuente principal de conflicto en la mayoría de los casos acaban trascendiendo al resto. Esto se pone especialmente de manifiesto en los resultados obtenidos sobre en el entorno laboral, donde la falta de acuerdo entre compañeros, la inadecuada aplicación de normativa y protocolos derivados de situaciones conflictivas con alumnos y/o padres acabó provocando problemas en el propio entorno laboral.

Los casos relativos a situaciones conflictivas derivadas de los alumnos suponen el 28,95% (once) del total. En este apartado, las situaciones de conflictividad más frecuentes fueron el ciberbulling 10,53 por ciento (cuatro casos) y amenazas 7,9 por ciento (tres), seguidos de problemas para dar clases, con un 5,26 por ciento (dos) y las faltas de respeto 5,26 por ciento (dos). Durante este curso no se registraron afortunadamente casos de agresión física al profesorado, acoso o daños a la propiedad privada del profesorado.

Atendiendo a los problemas relacionados con los padres de los alumnos, se puede señalar que suponen un 28,95 por ciento (once) del total de las intervenciones realizadas. Las amenazas y las agresiones físicas al profesorado fueron las problemáticas más frecuentes, un 7,9 por ciento (tres) respectivamente. Le siguieron las faltas de respeto y las falsas acusaciones en un 5,26 por ciento (tres y tres) y finalmente las denuncias en un 2,63 por ciento (con un caso). No se recogen casos de ciberacoso o presión de notas.

En relación a problemas surgidos en el propio entorno laboral, como ya señalábamos suponen un 42 por ciento (16) del total de las actuaciones llevadas a cabo.