Emilio García

Desde el mirador

Emilio García


Privilegios políticos e impuestos

30/11/2021

Son tiempos duros para los españoles, aunque nuestro presidente haya dicho que «España va mejor». En un sinfín de inútiles acciones ministeriales y proclamas publicitarias presidenciales, los ciudadanos no dejamos de sorprendernos por las innumerables iniciativas que se despachan en el Congreso y el Senado. Todas ideológicas y de subsistencia, para nada sustanciales en nuestra vida diaria, encierran el agravio permanente para el pensamiento, la economía personal y la desesperanza ante los tiempos duros que debemos soportar.
Nuestros políticos se muestran incansables a la hora de proponer iniciativas legales que tengan que ver con vampirizar a los ciudadanos españoles que les han elegido para gobernar y gestionar sus exiguas arcas. Es decir, como a ellos nada de esto les afecta porque tienen cubiertas sus espaldas -responsabilidad- y sus bolsillos –todo a costa de los paganos de siempre; o sea, los demás españoles– no hacen más que apoyar propuestas disparatadas que solo buscan su supervivencia.
Y mientras el Gobierno se sube el sueldo para 2022, son muchos los temas impositivos que se han abordado en estos últimos meses y días, especialmente uno de gran calado que no solucionará absolutamente nada, como ya veremos en una década. Me refiero a las cotizaciones a la Seguridad Social que aumentan para todos los trabajadores y que, supuestamente, son para poder mantener la hucha de las pensiones.
Bien saben desde el Gobierno y las Cámaras de representantes que esto que pretenden llevar adelante no tiene sentido; saben que la solución ha de llegar por otra vía y no por el camino de la presión fiscal. De esto saben mucho más otras personas, pero voy a reflexionar sobre cuestiones que sí debieran abordarse definitivamente para que no todo recayera sobre los de siempre.
Si hace falta dinero, primero hay que ver qué medidas se deben acometer en casa; la casa de todos los españoles. Los privilegios que detentan los miembros del Gobierno, los de las cámaras nacionales y autonómicas, pueden servir para iniciar la reflexión. El sacrificio que se pide a los españoles, no se reparte justamente. Además, en un abanico amplio, que se alcancen casi cien mil políticos en España puede ser mucho o poco, pero para quien no tiene como vivir el día a día, es excesivo. También, si añadimos que gran parte de estos políticos se rodean de asesores -empezando por el presidente del Gobierno-, resulta poco gratificante para el ciudadano de a pie. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones: España no puede soportar la estructura administrativa que tiene y, sobre todo, porque es ineficiente. ¿Cuándo piensan abordar esta situación? Esto tiene más importancia que cambiar a un dictador de su tumba o el nombre del Valle o el sectarismo de la ley de memoria «democrática».
En este nivel se sitúa elevar la cotización de los trabajadores para mantener la hucha de las pensiones -los privilegiados son ellos, no los demás-. Lo sorprendente es que tengan la desfachatez de anunciar a bombo y platillo que han logrado un acuerdo con los sindicatos. ¿Perdón? Vamos a ver. ¿Cuántos trabajadores contratan los sindicatos? Más allá de haber creado un pesebre interno que garantiza sus sueldos ¿qué aportan los señores Unai Sordo y José Álvarez a la causa? El empleo lo generan los empresarios -desde los grandes hasta los pequeñitos- y no están de acuerdo con lo que han decidido. Y tienen razón, porque al final la hucha de los pensionistas estará de nuevo vacía por más que se cuente con las aportaciones de los hijos de los pensionistas –los que tienen suerte ya son vampirizados con bajos sueldos en todos los ámbitos– y con las empresas en general que son los únicos que pueden llenar esa hucha. Los sindicatos, además de haber recibido 17 millones de las arcas públicas entre otras ayudas, es decir, de nuestros impuestos, exigen lo que nunca han dado ni han generado. Parásitos sobran en España y esa lacra es la que está destruyendo empleo y capacidad de generarlo.
Los impuestos extraordinarios, que ni están justificados ni se corresponden con la austeridad necesaria en los ámbitos públicos, llevan a España a un callejón sin salida.