La Junta de Castilla y León se propone extender el modelo del Transporte a la Demanda a las líneas con menos usuarios, es decir, aquellas que no alcanzan el umbral de los 5.000 viajeros al año. Esta alternativa para los servicios de débil tráfico será uno de los ejes del nuevo mapa de ordenación del transporte, que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente comienza a diseñar.

El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones cuenta con un plazo de seis meses, desde la publicación de la nueva Ley de Transporte de Viajeros por carretera de Castilla y León para su entrada en vigor. Esta norma, aprobada en la recta final de 2018 con un amplio consenso, contempla que en 12 meses debe aprobarse por decreto el nuevo mapa, por lo que comienza la cuenta atrás para tener listo este instrumento que será la base de los anteproyectos de explotación y, por tanto, del nuevo sistema concesional.

El equipo de Fomento espera cumplir con este plazo de un año, de forma que el Consejo de Gobierno de la Junta deberá aprobar a finales de 2019 el mapa de ordenación del transporte, una herramienta que articulará la movilidad en Castilla y León y que la consejería negociará con el sector -empresas y sindicatos-, las mancomunidades y con las administraciones territoriales, es decir, los ayuntamientos y las diputaciones, y que se someterá a un amplio proceso de información y participación.

Este mapa será el germen del nuevo transporte público de viajeros de Castilla y León, puesto que incorporará con bastante detalle las expediciones, las tarifas, horarios o características de los vehículos. Fomento, por tanto, afronta un ejercicio clave, una vez que cuenta ya con una ley aprobada y con los anuncios de licitaciones publicados este pasado verano en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

Fomento confía en que el clima de entendimiento y consenso se mantenga a pesar de la cercanías de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, previstas para mayo del próximo año, y pueda avanzar en el decreto del nuevo mapa, que dará paso a un nuevo sistema, que acabará con el actual, que arrancó en 1947 y que ha dado paso en Castilla y León a 148 concesiones, junto a otras 77 especiales, que están en manos de 140 operadores.

Claves

El nuevo modelo afronta el reto de dar servicio a una comunidad de 94.226 kilómetros cuadrados, con 2,4 millones de habitantes y más de 6.000 núcleos de población. Para atender al 80 por ciento de los castellanos y leoneses residentes en el 12 por ciento de los municipios, se impulsarán las concesiones metropolitanas, mientras que para el 88 por ciento de las localidades, que albergan al 20 por ciento de los ciudadanos, se plantean distintas alternativas, como el Transporte a la Demanda.

Fomento analiza la fórmula para llegar a una población que tiene un densidad de 26 habitantes por kilómetro cuadrado y que complica la prestación del servicio, puesto que en la actualidad presenta una mínima rentabilidad. De hecho, sólo el 58 por ciento cubre el coste de explotación con las tarifas, lo que obliga a dedicar cada año unos 13 millones.

Los datos que maneja Fomento constatan que el 63 por ciento de las líneas no llega a los 5.000 viajeros anuales, “un ratio muy bajo”, afirman, por lo que se apuesta por prestar estos servicios mediante el Transporte a la Demanda, basado en la reserva previa, por lo que generalizará este programa ideado por Castilla y León y exportado a otros territorios.

Otra de las medidas que baraja la Consejería es aprovechar aún más el transporte escolar, “muy potente”, que cuenta con unos 47 millones cada año, para lograr una cobertura total, con una integración máxima con el transporte de viajeros de uso general, a partir de los 814 recorridos conjuntos actuales, que pasan por 2.641 localidades.

Fomento trabajará también en el diseño de los anteproyectos de explotación que determinarán con el máximo detalle todos los nuevos servicios, que no verán la luz hasta 2020. De hecho, para ese ejercicio está prevista la licitación y adjudicación de los contratos. Además, la Junta espera que se resuelvan los problemas judiciales con los pliegos sacados a concurso por el Ministerio de Fomento, para contar con un modelo “testado”, que pueda aplicarse sin riesgo de ser recurrido y paralizado en Castilla y León.