La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha afirmado que en la reforma de las pensiones "se tienen que explorar todas las alternativas", como ampliar el periodo de años cotizados que se tiene en cuenta para calcular la pensión, y ha apuntado que se podría hacer excluyendo los años más negativos.

Calviño ha afirmado que el planteamiento del aumento de la etapa de cotización para calcular la pensión es un proceso que responde a cambios en unas vidas laborales "cada vez más variadas" con periodos sin cotizar o cambios de trabajo.

"La tendencia a la ampliación de años de referencia está ahí", ha dicho Calviño que ha añadido que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, está planteando a los agentes sociales, por ejemplo, que los trabajadores "puedan excluir del cómputo los años más negativos".

El Gobierno trabaja en un texto de reforma en el que señala que el paso del cómputo de las prestaciones de 25 a 35 años supondrá una bajada media del 5,5% para las nuevas pensiones.

El periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones ya se amplió como la reforma de las pensiones de 2011 para ir gradualmente subiendo de 15 años a los 25 años que se alcanzarán en 2022. Este año se toman en cuenta los últimos 23 años de cotización para calcular la pensión, mientras que en 2021 serán 24 años y en 2022 se irá a 25 años.

Desde la Seguridad Social, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha señalado que este tipo de medidas, "tal y como se están contemplando", tendría un efecto mixto "ya que muchas personas que se vieron afectadas por la crisis a partir de 2008, en el tramo final de su carrera, se podrían ver beneficiadas".

Se trataría, argumenta, de buscar soluciones a la existencia de carreras de cotización irregulares y, subraya, "no se trata de una reforma que suponga recortes para los pensionistas, sino al contrario, de garantizar el poder adquisitivo de sus pensiones, que con la normativa actual no tienen garantizado".

Tanto desde la Seguridad Social como desde el Ministerio de Economía coinciden que cualquier cambio se apoyará en el marco del diálogo político y social y se hará con el máximo consenso.

El Gobierno, ha subrayado Calviño, tiene un compromiso "firme" con la revalorización de las pensiones y va a trabajar para que el sistema sea más "fuerte".

"Hay un objetivo compartido de todos los partidos que debe dar tranquilidad", ha incidido Calviño que ha señalado a las recomendaciones del Pacto de Toledo como el mejor punto de partida.

"El núcleo de la reforma es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, lo que supone un aumento de casi 3 puntos del PIB a medio plazo, y lograr el equilibrio financiero de la Seguridad Social en el corto plazo y su sostenibilidad a largo plazo", subrayan desde la Seguridad Social.

Calviño aboga por no subir ahora el SMI

Nadia Calviño ha afirmado este lunes además que si sindicatos y empresarios no llegan a un acuerdo sobre la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, es "partidaria" de no elevarlo y esperar para tomar esta medida a que la recuperación "esté más enfilada".

Calviño ha señalado que el Gobierno tiene un compromiso "muy claro" con la subida del SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales por catorce pagas, pero "la cuestión es si, en las actuales circunstancias económicas, es el momento adecuado y oportuno" para incrementar esta renta mínima.

"El Gobierno no ha tomado la decisión. Si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor es que hay que tomarse un poco de tiempo, hasta el momento en que tengamos enfilada la recuperación económica y haya una mayor certidumbre", ha explicado.

La ministra ha indicado que no es lo mismo elevar el SMI en un contexto de crecimiento económico que hacerlo cuando existe una previsión de caída del PIB de dos dígitos. "Nosotros tenemos que tomar una decisión que sea la adecuada desde el punto de vista del interés general y nuestra prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico y empleo", ha apuntado Calviño.

Preguntada por si las empresas no podrían asumir un incremento del SMI de 9 euros mensuales, que es lo que aumentaría de elevarse esta renta lo mismo que las pensiones, el sueldo de los funcionarios y la previsión de IPC para 2021, la vicepresidenta ha sido muy clara: "No estamos hablando de que se lo permitan o no las empresas. Estamos hablando de imponer una decisión a empresas que no saben si abren o no el año que viene, si contratan o no".

Por ello, la ministra se ha mostrado partidaria de esperar a más adelante para subir el SMI en el caso de que los agentes sociales no se pongan de acuerdo, cosa que parece bastante probable dado que los sindicatos piden una subida de al menos el 1,8% para 2021 y la CEOE es partidaria de congelarlo.

Por otro lado, Calviño ha reiterado que es intención del Gobierno extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de enero de 2021 si sigue siendo necesario.