La Confederación Intersindical, de la que forma parte el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STE), convoca con motivo del 8 de Marzo, y como ya hiciera también el pasado año, una huelga general de 24 horas en todo el territorio nacional y de todos los sectores productivos, a la que animan a sumarse tanto al personal funcionario como a los que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Una huelga, explicó María José Reviejo, responsable de STE Ávila, que además de laboral es también «estudiantil, de cuidados y de consumo» y a la que también animan a secundar, logicamente, al profesorado, si bien desde el sindicato denuncian los servicios mínimos impuestos por la Administración en el caso de la enseñanza. «Nos parece servicios mínimos abusivos que no favorecen que se pueda hacer la huelga, especialmente en los CRA», lamentó Reviejo que recordó en que con esta huelga se persigue «mejorar las condiciones laborales de las mujeres y acabar con la desigualdad laboral mediante la supresión de la brecha salarial y el techo de cristal».
Reclama también la Confederación Intersindical a la hora de convocar esta huelga general «igualdad en las pensiones, así como la promoción de la vida familiar y personal, mediante la inclusión en los Convenios Colectivos de medidas de conciliación que mejoren los derechos mínimos establecidos en la normativa laboral», aplicando en este caso con flexibilidad los horarios establecidos, favoreciendo la formación y promoción profesional de las personas que hayan disfrutado de sus derechos a la conciliación de la vida laboral y familiar. «La igualdad se va a conseguir cuando las empresas y cuando la administración pongan los medios para que las mujeres podamos conciliar nuestra vida familiar y laboral», aseguró la responsable en Ávila del sindicato STE.
Piden también desde la Confederación Intersindical la «desaparición de la discriminación en el acceso al empleo y la disminución de la tasa de paro de mujeres, así como la lucha efectiva contra las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral, la precariedad laboral y la alta tasa de contratos con jornadas parciales y de corta duración».
Se exige así mismo la «elaboración y aplicación» de los planes de igualdad que conlleven «la negociación en todas las empresas de medidas que favorezcan la igualdad real entre hombres y mujeres», a la vez que se reclama al Gobierno que «desarrolle, promueva y presupueste» la implementación de los once ejes de trabajo del pacto de estado contra las violencias machistas firmado en diciembre del 2017.