El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, considera que la subida del peaje de la AP-6 es «una nueva bofetada del Gobierno central a los abulenses» y continúa lastrando el desarrollo económico de la ciudad con el incremento del peaje en la AP-6 (Villalba-Adanero) un 0,85 por ciento anual acumulativo los años 2020, 2021 y 2022, lo que duplica el aumento de las demás autopistas.
Así responde el regidor abulense al Real Decreto que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado por el que se modifican determinados términos de la concesión administrativa de las autopistas AP-6, AP-51 (AP-6 conexión con Ávila) y AP-61 (AP-6 conexión con Segovia).
Sánchez Cabrera lamenta que el Gobierno de España no sólo no haya fijado la fecha de finalización del peaje –algo que recuerda debía haber establecido en noviembre– sino que, además, decida aumentarlo, duplicando el incremento aplicado a otras autopistas y «dando así la espalda a todos los abulenses que a diario se tienen que desplazar a Madrid a estudiar o trabajar, a los autónomos y empresas y a las expectativas de crecimiento y desarrollo de la ciudad».
Asimismo, el alcalde ha vuelto a exigir al Gobierno de España la supresión del peaje, porque «continúa lastrando el desarrollo de la ciudad».
El Real Decreto 756/2019, de 27 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado establece, por tanto, esas modificaciones en la concesión administrativa de las autopistas, de modo que en las autopistas AP-51, AP-6 conexión Ávila y AP-61, y AP-6 conexión Segovia se aplicará la revisión ordinaria anual hasta el fin de la concesión mientras que en la AP-6 (Villalba-Adanero) se autoriza la aplicación de un incremento extraordinario del 0,85 por ciento anual acumulativo los años 2020, 2021 y 2022 «para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión». La subida de las tarifas que aprueba el Real Decreto se aplicará el 1 de enero de 2020.
En este contexto, Sánchez Cabrera reclama para Ávila el mismo tratamiento que para Teruel y recuerda que hace hoy un mes el Consejo de Ministros aprobaba una dotación de 30 millones de euros para este territorio, destinados a la financiación de inversiones que favorezcan la actividad económica.
En este sentido, señala que mientras el Ministerio de Política Territorial otorga una concesión directa a Teruel de 30 millones de euros para la mejora de infraestructuras de transporte o el desarrollo de iniciativas empresariales, el Ministerio de Fomento «continúa condenando el desarrollo socioeconómico de Ávila, postergando la decisión sobre el peaje y duplicando el coste del peaje de la AP-6».
El Gobierno de España «continúa olvidándose de Ávila», lamenta, «frente a la que debe ser una clara apuesta por mejorar la calidad de vida en territorios que, como el abulense, han sido olvidados durante décadas por los sucesivos gobiernos».
Recientemente Ávila Libre de Peajes recordaba que se había marcado noviembre como el mes en el que el Gobierno de España tenía que decidir cuándo debía acabar la concesión. Una concesión que en un primer momento quedó establecida en un periodo de tiempo de entre 32 y 37 años a contar a partir de 1999, pero que quedó reducida en siete años. Es decir, la concesión quedó fijada finalmente en un plazo de entre 25 y 30 años a contar desde 1999. Así pues, según explicaron, debía ser en noviembre cuando el Gobierno español debía decidir cuándo concluiría la concesión en el margen de tiempo de 2024 a 2029.