Aragón, Asturias y CyL piden "complicidad" con las térmicas

SPC
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El Gobierno se compromete con los presidentes de las tres comunidades a ser «firme» para que las eléctricas tengan que presentar planes de «transición justa» donde cierren centrales

(I a d) José Domínguez Abascal, Juan Vicente Herrera, Teresa Ribera, Javier Fernández, Javier Lambán y Hugo Morán, tras la reunión celebrada ayer en Madrid - Foto: Ical

Los presidentes de los gobiernos de Castilla y León, Asturias y Aragón exigieron ayer a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea «cómplice» con estas comunidades mineras para evitar que las centrales térmicas que operan en estas tres autonomías no cierren en 2020, como están solicitando las compañías eléctricas, de manera que el final del carbón no sea «abrupto» y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras. Los tres presidentes coincidieron con la ministra en la necesidad de «construir una nueva realidad económica» que genere una energía más limpia. Sin embargo, ahondaron en que se flexibilicen los plazos y en mantener el modelo existente hasta que esa nueva economía esté consolidada.

Así lo explicaron  Juan Vicente Herrera, Javier Fernández y Javier Lambán, tras reunirse durante dos horas con Ribera y con los secretarios de Estado de Energía y de Medio Ambiente en Madrid. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una «transición justa». Los tres fueron contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio para cumplir las exigencias de la UniónEuropea no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020. 

Las solicitudes tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Teresa Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea «cómplice» con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales hasta 2030. Es el tiempo que, según los dirigentes autonómicos, puede costar poner en marcha nuevos proyectos económicos que generen empleos alternativos a los que se perderán por el final del carbón. 

Transición acompasada.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante su intervención, apostó porque esa transición sea «acompasada» y se mantengan los aprovechamientos de la realidad existente hasta que exista esa alternativa. «Lo que no podemos hacer es prescindir de la realidad actual» señaló. «Lo que estamos pidiendo es estabilidad, ideas claras, plazos y objetivos claros para que no haya incertidumbre», pronunció, lo que permitiría la continuidad de aquellas explotaciones de carbón que sean rentables y competitivas, y devuelvan las ayudas que recibieron para el cierre de las instalaciones.

Modificar eso, consideró Herrera, es dar a las compañías el pretexto para «ir a la ventanilla de cierre», algo que manifestó «no podemos consentir». Este horizonte permitiría «acompasar» la actual realidad a la nueva. «Lo que no puede ser es que todo se cierre en 2019 y 2020 y no tengamos construida ninguna alternativa» subrayó, porque «estaríamos condenando los sectores y a la despoblación a las regiones».

Para el presidente de Aragón, Javier Lambán, la transición tiene que producirse pero «no puede ser justa si en 2020 se cierran abruptamente las centrales sin alternativas consolidadas realmente», por lo que apostó por «alargar la vida de las centrales mientras se construye la alternativa». También el presidente de Asturias, Javier Fernández, consideró que la nueva realidad «no puede realizarse colapsando la existente», por lo que estimó alargar los plazos «mucho más que 2020», aunque sin concretar una cifra.?

Compromiso estatal.

Al respecto, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, quiso mostrar el compromiso del Gobierno para ser firme frente a las eléctricas con el fin de que acompañen sus peticiones de cierres de centrales de unos planes «de transición justa» para la comarcas que albergan estas plantas. Aunque Domínguez señaló que «no le gusta hablar de presionar» a las compañías, si que subrayó que se les solicitará «firmemente unos planes de transición justa que permitan tener un futuro para los lugares donde tienen esas plantas». No obstante, advirtió de que es necesario no «engañarse», ya que la transición energética es algo que debe hacerse.