Con el país vislumbrando ya el final de la crisis sanitaria que desde hace más de 50 días tiene a los ciudadanos confinados en casa y las actividades económicas e institucionales prácticamente paralizadas, cada sector busca cómo adaptarse a la nueva realidad, más allá del plan de desescalada diseñado por el Gobierno y que, a priori, acabará a finales de junio. Uno de esos ámbitos que intenta engrasar sus motores en busca de volver a tomar su velocidad de crucero es la Justicia, cuyas particularidades han sido tenidas en cuenta por el Consejo General del Poder Judicial (GPDJ) para elaborar una  guía de buenas prácticas para prevenir posibles contagios por la COVID-19 en los tribunales. Al documento solo le falta el visto bueno del Ministerio de Justicia, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia antes de su aprobación definitiva.

De este modo, el órgano directivo de los jueces españoles recoge prácticas colectivas que deben observarse cuando arranque la actividad en la Administración de Justicia, nuevos hábitos que irán desde la limpieza y desinfección periódica de los lugares de trabajo a la instalación de elementos de protección colectiva como mamparas de seguridad en los puestos de atención al público o fundas de plástico para los micrófonos que están en las salas de los tribunales. También se realizarán evaluaciones del riesgo de exposición al coronavirus en las diferentes actividades que contempla el trabajo de los miembros de la carrera judicial, se fijarán criterios generales para coordinar las agendas de señalamientos o se atenderá al público mediante sistemas telemáticos y de cita previa.

Esta guía, que ha sido elaborada por el servicio de prevención de riesgos del CGPJ, marcará el camino para el proceso de incorporación en régimen presencial de los jueces y magistrados a partir del levantamiento del estado de alarma, y fijará cuáles son los colectivos especialmente sensibles ante un posible contagio por enfermedad, embarazo o edad.

El documento también aborda la potenciación de los medios telemáticos para las actuaciones procesales, el fomento del teletrabajo o el establecimiento de sistemas de gestión documental. Y añade un protocolo de actuación para saber con quien se debe contactar en caso de sintomatología o contacto estrecho con personas que presenten síntomas compatibles con la COVID-19.

Medidas urgentes

Por otro lado, el Gobierno aprobó el pasado martes el Real Decreto  de Medidas Procesales y Organizativas elaborado por el Ministerio de Justicia, en el que se plantean un conjunto de actuaciones urgentes para evitar el colapso de los tribunales cuando vuelva la actividad judicial. Una norma que tiene como prioridad asegurar la salud de los trabajadores de la Justicia dadas las restricciones que las autoridades sanitarias han dictado por la pandemia.

Es nueva normativa, que estará en vigor, al menos, hasta tres meses después de desactivarse el estado de alarma, se articula en cinco bloques relacionados con la seguridad en el trabajo para evitar nuevos contagios; el impulso a la recuperación de la actividad judicial; medidas de transformación digital; medidas procesales y medidas para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.

Con el objetivo de dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad derivada de la crisis sanitaria, el decreto declara hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 de agosto, exceptuando los fines de semana y festivos. Una medida gubernamental ha generado oposición en algunos colectivos como en la abogacía, jueces y fiscales.