Las Cortes de Castilla y León instaron hoy a la Junta a presentar un plan de desescalada de la Sanidad pública de la Comunidad, que incluya la recuperación de la presencialidad y la apertura de los consultorios locales con la dotación, frecuencia y tiempo de servicio previos a la crisis antes de que finalice el mes de junio.

La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista fue aprobada, junto a la publicación detallada y desglosada del destino de los fondos COVID transferidos por el Gobierno a Castilla y León para reforzar el sistema público de salud, con los votos favorables de toda la oposición al Ejecutivo autonómico, pese al rechazo de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos.

No salieron adelante, sin embargo, los puntos 2 y 3 de la PNL, relativos a la presentación de un plan de refuerzo de los servicios hospitalarios en la Comunidad para reducir las listas de espera y de otro plan de refuerzo de la atención primaria y continuada en el medio rural durante los meses de verano, debido al “horizonte temporal utópico” que plantea la iniciativa, antes de que finalice junio, que fue considerado “inviable” por el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, uniéndose con su abstención al rechazo de PP y Cs.

En el debate, el procurador socialista, Diego Moreno, afirmó que “la normalización de la Sanidad pública es prioritaria en Castilla y León” para “devolver a las personas la atención sanitaria en niveles anteriores a la pandemia”. Sin embargo, criticó que el Gobierno de la Junta permita que los ciudadanos “tengan que seguir salvando obstáculos” porque el Ejecutivo autonómico “alarga los plazos para recuperar la normalidad”.

En opinión de Moreno, detrás de esta situación “se esconde la oscura intención de implantar, por la puerta de atrás, su modelo sanitario anhelado, con menos profesionales y menos consultorios abiertos”, en una estrategia que aseguró “ya intentaron aplicar con aquel fallido proyecto de Aliste” y que ahora señala que el Gobierno autonómico pretende recuperar tras “una pandemia que les ha permitido restringir la asistencia sanitaria sin dar explicaciones”.

Así, y con la PNL, el procurador socialista defendió que su formación pretende “que Sanidad aporte luz sobre sus planes futuros”, en relación a la desescalada de las medidas restrictivas en materia sanitaria, el refuerzo de la atención hospitalaria y primaria para reducir las listas de espera, el de la atención en el medio rural ante el incremento de la demanda en verano, y el destino de los fondos COVID para atención sanitaria.

La propuesta socialista contó con el apoyo de la mayoría de procuradores del Grupo Mixto, señalando Fátima Pinacho, de Vox, que “la atención presencial no puede ser sustituida por medios telemáticos o telefónicos” y que es “urgente” un plan de desescalada sanitaria, mientras que Luis Mariano Santos, de UPL, pidió “fortalecer y recuperar la asistencia sanitaria presencial, haciendo un esfuerzo importante por la sanidad rural abriendo los consultorios locales que PP y Ciudadanos han cerrado”, y Pablo Fernández, de Podemos, consideró “urgente” reforzar “la maltrecha Sanidad pública de esta comunidad con dotación suficiente de medios materiales y humanos”, tanto para los consultorios locales como para la atención hospitalaria que “atenúe las listas de espera”.

El apoyo de Pedro José Pascual, de Por Ávila, vino no obstante condicionado a la separación de los puntos 1 y 4 con respecto al 2 y 3, al considerar “inviables y utópicos” estos dos últimos porque, aunque esté de acuerdo con que se deban reforzar las plantillas y ampliar la atención en los consultorios rurales durante el verano, vio “imposible que se pueda hacer antes de que finalice junio en la coyuntura actual”.

Plan de desescalada que “ya se está ejecutando”

No apoyaron, sin embargo, la propuesta desde los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Popular. Por el primero, tomó la palabra la procuradora Alba Bermejo, que criticó que la PNL deje “solo cinco días” para presentar tres planes en lo que consideró un ejercicio de “utopía y demagogia” por parte del Grupo Parlamentario Socialista, a quien exigió “rigor” para un tema “serio” como la Sanidad, que señaló que para los castellanos y leoneses “es plena, eficiente y de calidad”, como en su opinión demuestra que la ciudadanía “haya considerado a ésta la mejor consejera de la Sanidad de este país y que el 79,1 por ciento valore como bien o muy bien la campaña de vacunación de Castilla y León”.

Además, la procuradora de la formación naranja presentó sus propias enmiendas al texto socialista pidiendo a la Consejería de Sanidad “continuar ejecutando los planes de contingencia para la desescalada para disponer de una atención sanitaria plena, continuar con el plan de reducción de las listas de espera, continuar reforzando la atención primaria, especialmente en el medio rural, y publicar de forma detallada y desglosada el destino de los fondos COVID para mantener y reforzar el sistema público de salud”.

Por su parte, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el procurador Alejandro Vázquez criticó también el poco tiempo expuesto en la PNL por el Grupo Socialista para la presentación de los planes en un “condicionante temporal que invalida la iniciativa de entrada y por completo”.

Y es que, para Vázquez, la PNL se trata de “una mera excusa” del PSOE para criticar una Sanidad que, según el procurador popular, necesita “un plan estructural que en el que se trabaja desde abril para la recuperación de las listas de espera, así como de la atención primaria y continuada en el medio rural”. “Pero a ustedes la atención primaria les da lo mismo, es solo un instrumento político”, concluyó Alejandro Vázquez, asegurando que “no se va a perder ni una plaza de médico ni de enfermería en el medio rural” dentro de un plan de desescalada que “ya se está ejecutando”.