Los casos contabilizados de coronavirus y su incidencia han comenzado a crecer en las últimas semanas, con los que se diluye el espejismo de los buenos datos del final del verano y se pone sobre el tapete la necesidad de adoptar nuevas medidas o reforzar las existentes para luchar contra la pandemia. Las circunstancias ante esta sexta ola que está en camino son bien distintas a la de las precedentes, dado el alto porcentaje de personas vacunadas, que si bien no evitan la posibilidad de volver a contagiarse sufren los síntomas con menos virulencia y se libran en mayor medida del ingreso en los hospitales o de ver la muerte de cerca. El dato incontestable es que el 60% de los ingresados no se habían vacunado, y que aún quedan unos cuatro millones de personas que no han sido inoculados que representan un problema para la salud y la seguridad del resto de los españoles.  

Ante la nueva situación se repiten esquemas político sanitarios que se han vivido en situaciones anteriores, con algunas comunidades autónomas de todos los signos políticos que piden al Gobierno que establezca una serie de medidas comunes para todos, otras que dudan y otras más que esperan que el Ejecutivo las adopte para declararse en contra porque son el adalid de la libertad. Buena parte de ellas reclaman la exigencia del 'pasaporte covid' para la realización de diversas actividades relacionadas con el ocio. Una solución aceptada por distintos tribunales en determinadas circunstancias. En un primer momento la petición de ese certificado de vacunación pido generar problemas por cuanto no todo el mundo podía haber tenido acceso a la vacunación. Pero en las circunstancias actuales quien no lo tiene es por su actitud negacionista y antivacuna, o bien por una desidia incomprensible.  

Ante la nueva etapa los gobiernos regionales mantienen el mismo tic que en anteriores fases de la pandemia, o no se han acabado de creer lo de la cogobernanza, o buscan el amparo del Gobierno para que sea este quien asuma la mayor parte del desgaste político de una decisión que afecta a distintos sectores económicos ya muy castigados por la pandemia, pero que son los que tradicionalmente se señalan como los más proclives a favorecer el aumento de los contagios.  Y eso que esta vez la ciudadanía parece más predispuesta a aceptar que las medidas para frenar la pandemia, como la exigencia del pasaporte covid para entrar en determinados establecimientos o lugares de ocio, entrañan escasos inconvenientes en comparación con los beneficios que pueden reportar. Como todo el proceso de vacunación.  

Junto a esa exigencia, la otra medida en discusión en otros países que todavía no ha llegado a España pero que debe ser tenida en consideración es la exigencia de vacunación a toda la población. Una confrontación de derechos en la que debe prevalecer el derecho a la salud y con la que se muestran de acuerdo un mayor número de ciudadanos que en contra, como ha señalado el CIS, pero que podría encallar en los tribunales. Un país gobernado por un parrido conservador como Austria acaba de imponer la vacunación obligatoria además de ser el primero en volver a confinar a su población. Y Alemania se está pensando ambas medidas. A todas ellas es preciso añadir otra no menos importante, la responsabilidad individual –vacuna, mascarilla, distancia- ante el repunte en marcha.