El comité de empresa de Nissan salió al paso de las declaraciones que el día anterior había realizado Frank Torres, responsable de las operaciones industriales de la empresa en España, para negar la mayor y acusar a la empresa de que «no cumple» y al propio Torres de ser «un mentiroso» e incluso un «terrorista empresarial que viene a hacer trabajos sucios».
Así las cosas, cuando en su opinión la empresa está «incumpliendo» la mayoría de las promesas que había realizado, y sumando a la Junta en la asunción de responsabilidades porque «debe vigilar que se cumpla lo prometido porque hay inversiones comprometidas con dinero público», el comité, por boca de su presidente, Felipe González –acompañado por los representantes sindicales Juan Vázquez (USO), Iván Zazo (UGT), Rubén Zazo (CCOO)– , afirmó que «el conflicto» que amenaza en el horizonte «aún se puede encauzar, estamos a tiempo de evitarlo, pero los trabajadores no vamos a pasar una más».
De las medidas que puedan tomar ante la situación de fuerte descontento que sufren, finalizó, no podrán concretar más hasta después de la reunión que está previsto que comité y empresa celebren la semana próxima, «veremos a ver qué planteamientos nos hacen y así haremos».
Entre las «muchas mentiras» y/o «incumplimientos» que denunció el comité de empresa de Nissan destacaron el retraso del inicio de la planta de estampación, donde dudan que vaya a instalarse una de las líneas de prensa anunciadas; la fabricación, que es «inferior en un 85% a lo que se había contemplado en el plan industrial»; y la no construcción de la planta de 77.000 metros cuadrados anunciada para el polígono de Vicolozano y en su lugar sustituirla por otra de 30.000 metros.
Tampoco la empresa, siguieron diciendo los miembros del comité, está cumpliendo con lo que dijo en materia de negociación de las condiciones laborales, ni tampoco en el campo de la «formación que se tiene que estar aplicando a los trabajadores», en la que insinuaron que «podría rozar incluso el fraude, porque están subvencionada».
En sus reivindicaciones implicaron directamente los representantes de los trabajadores a la Junta de Castilla yLeón, por entender que corresponde a esta administración vigilar que Nissan cumpla los compromisos a los que ha llegado y ha incumplido, porque en ellos «hay mucho dinero público de todos los abulenses y castellanos y leoneses».
La situación actual, dijo González, «puede derivar en un conflicto de gran envergadura, y ahora estamos en disposición de que todas las partes lo encaucemos, porque lo que pretendemos es que la fábrica tenga futuro para los trabajadores y para la ciudad; creo que estamos a tiempo de evitarlo, pero los trabajadores no pasamos ni una más, queremos que se cumpla lo prometido y que Nissan deje de mentir».