La Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila escenificaron hoy en una reunión mantenida en la sede provincial abulense, la unión de sus compromisos para mejorar en temas como depuración, vivienda, internet o transporte, entre otros. Así lo explicaron el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación, Carlos García.

Uno de los principales temas que se trató es la depuración de aguas residuales con la intención en esta legislatura de completar la depuración en los municipios entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes (también cuentan las industrias), además de dejar trazada la planificación para llegar a los de menos de 500.

Recordó Suárez-Quiñones que hasta ahora se ha trabajado en la depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, que ya están “cubiertos” tras una inversión de 75 millones para 40 actuaciones.

Lo que se hará ahora en Ávila, y así ha aceptado la Diputación, es acometer inmediatamente esa fase para los municipios entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes y ahí se ha detectado la necesidad de hacer 53 infraestructuras de depuración en Ávila, con un coste de unos 20 millones de euros, un “esfuerzo económico muy relevante”, indicó el consejero.

Para llevarlo a cabo, lo que se hará es un plan en el que se divide el coste, 40, 40, 20, de modo que el 40 por ciento lo va a pagar la Junta de Castilla y León, el 40 por ciento la Diputación y el 20 los ayuntamientos. Pero teniendo en cuenta la capacidad económica de Diputación y ayuntamientos, la Junta financiará a la Diputación su inversión a diez años y pagará, por tanto, 604.000 euros al año, y a los ayuntamientos se hará a 25 años. Esto quiere decir que un ayuntamiento medio tendrá un coste anual de 23.000 euros “tener sus aguas depuradas, construir la infraestructura y explotarla”.

A ello se añade otro compromiso y es que una vez que se pase por el protocolo de esta parte y se llegue a las licitaciones de las infraestructuras se sentarán a hablar de los “municipios de 500 hacia abajo” para conseguir “una Castilla y León con el 100 por ciento de las aguas de los pueblos depuradas”, sin vertidos a los ríos sin depurar. Por ello en esta legislatura se acometerá la “planificación” de ese compromiso. En este sentido, el presidente de la Diputación habló de la depuración de las aguas como un “compromiso” en el que trabajar.

Vivienda

La vivienda también ocupó su parte de reunión y lo hizo con datos específicos que llevarán a una inversión de 1,2 millones de euros en esta legislatura para la rehabilitación de viviendas en el medio rural abulense.

El consejero de Fomento recordó que en la pasada legislatura se invirtieron en el programa Rehabitare ocho millones de euros en Castilla y León y más de 800.000 en Ávila, lo que llevó a rehabilitar viviendas de ayuntamientos abandonadas y que, ya reformadas, pasaron a ser parte del parque público de alquiler social con “precios muy módicos en torno a los cien euros”, lo que permitió en algunos casos a la instalación de familias y que se abrieran escuelas públicas.

Para esta legislatura, la previsión es invertir la misma cantidad, lo que supondría 800.000 euros en Ávila, pero se llegó a un acuerdo por el que la Diputación aportará 200.000 euros y la Junta añadirá la misma cantidad de modo que la inversión total se irá a 1,2 millones, con un aumento del 50 por ciento en el programa.

A ello se unen otras actuaciones como las ayudas al alquiler que en la última convocatoria llegaron a 864 a Ávila con más de 1,2 millones y con 294 en reserva que se van a repescar y conceder si se cumplen los requisitos.

Además, Ávila está inmersa en el ARU de La Cacharra, con una inversión de 4,4 millones de euros para 154 viviendas y tiene pendiente la celebración de un macrocongreso “de la rehabilitación” que en su tercera edición se celebrará en la capital.

Conexión

Respecto a internet, se volvió a expresar el compromiso de “movilizar 130 millones al menos de todas las administraciones para llegar por internet a todos los rincones de Castilla y León”. De ellos 30 millones corresponderían a las operadoras y los otros 100 entre el Estado (al menos 50 millones) y el resto entre las diputaciones y la Junta.

De esta inversión, los primeros diez millones ya están en tramitación en la Junta de Castilla y León para convocar ayudas a las operadoras para que lleguen por internet donde no lo hay y se trata de “convencer” a las diputaciones para que entre todas pongan otros diez millones de euros para un servicio “esencial en el medio rural”.

La respuesta de la Diputación de Ávila en este sentido fue “positiva”, explicó el consejero de Fomento, y en la convocatoria bianual (2020-2021) poner un millón de euros para ayudas de extensión de banda ancha en la provincia.

La situación de internet en Ávila indica que en 2015 internet de calidad (30 megas o más) llegaba a un 40,8 por ciento de la población, unos 66.000 habitantes. Con los proyectos de esta legislatura, en 2021 se llegará a un 81,43 por ciento de la población (128.875 habitantes). Y en cuanto al futuro, el trabajo “comprometido” en esta legislatura es para llegar a esos 29.389 habitantes, ese 18,57 por ciento que “con lo que hemos hecho hasta ahora no va a tener internet” y “ahí van a estar centrados nuestros esfuerzos”.

Transporte

En materia de transporte se volvió a hablar de la importancia del transporte rural, con una inversión anual de 930.000 euros porque con la compra del billete por el usuario no se paga el servicio y la Junta subvenciona a las empresas de transporte para que éste “pueda sobrevivir”. Junto a ello situó el “compromiso con el transporte recurrente a Madrid” por ferrocarril y por autobús, que a través de un convenio específico de Segovia y Ávila, “para evitar que los ciudadanos se vayan a vivir a Madrid”, lleva un coste de 600.000 euros al año de subvención del billete de autobús de modo que los jóvenes pagan por el bono 40 euros y los mayores de 26 años 85,50 euros. Además, recordó, “pagamos la mitad del billete de tren”, lo que suponen 200.000 euros al año.

Sí que reconoció que a pesar de ese compromiso el transporte en Ávila “no es perfecto” porque hay “un transporte por autobús interurbano que obedece a concesiones de hace 20, 30 y 40 años” y por tanto “no se corresponde con la realidad demográfica” del siglo XXI, ante lo cual hay una oportunidad en esta legislatura ante el fin de las concesiones y el hecho de que haya que licitar unas nuevas.

En este sentido, destacó que ahí es donde se va a “aprovechar para hacer un cambio absoluto del transporte rural en Castilla y León y en la provincia de Ávila”, lo que se ha hecho con una nueva ley y con instrumentos que se están poniendo en marcha, como un decreto, para que el transporte sea “universal” y se lleve “a todos los pueblos de Ávila”, con un transporte “moderno, universal, seguro, cómodo y adecuado a las exigencias del siglo XXI”. Un transporte que debe estar en marcha, especificó Suárez Quiñones, a finales de 2022.

En cuanto a las inversiones en carreteras, se van a licitar en torno a 22 millones hasta el año 2022, con la previsión de otros 43 millones para los años siguientes en diferentes actuaciones, a lo que se unirán las inversiones de la Diputación en sus carreteras.

Sobre estos puntos, el presidente de la Diputación de Ávila destacó la extensión de la banda ancha de internet y la importancia de garantizar la red de carreteras y el transporte, así como la prioridad que supone la vivienda “accesible, barata”, con fomento del alquiler, y los trabajos en áreas degradadas con el sellado de escombreras y que “probablemente a lo largo de este año estén ejecutadas el 100 por ciento” y la nueva creación de las áreas de aportación o puntos limpios en los municipios de menos de 1.00 habitantes.